▲ Participantes en la protesta nacional contra las acciones del ICE, en Austin, Texas. En el segundo mandato de Trump, 46 personas han muerto en custodia de esa agencia.Foto Ap
Dora Villanueva, Roberto González Amador y Julio Gutiérrez
Enviados
Periódico La Jornada
Sábado 21 de marzo de 2026, p. 8
Cancún, QR., El gobierno de México envió una segunda carta diplomática a Estados Unidos por el caso de Royer Pérez Jiménez, el mexicano de 19 años que falleció esta semana cuando estaba en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La misiva, en un tono “mucho más fuerte”, llama a una investigación profunda, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó. Sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda, y además no puede ser que esté ocurriendo esto”, dijo la Presidenta en su conferencia matutina en Quintana Roo.
Pérez Jiménez falleció el 16 de marzo en una cárcel de Florida, la cual alberga a presos migratorios. ICE aseguró que se trata de un “presunto suicidio”, pero el caso sigue bajo investigación.
“Muy lamentable”, condenó la Presidenta al ser consultada al respecto. “Vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta y apoyar a la familia en todo lo que requiera”, agregó.
De acuerdo con recuentos de agencias, el joven de origen mexicano no sólo es la segunda persona que fallece en resguardo del ICE esta semana. Desde que Donald Trump inició su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, 46 personas han fallecido bajo custodia del ICE.
Cobran trámites a $40 mil en frontera sur: ONG
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunció que los trámites de regularización para migrantes en esta zona de México –muchos de los cuales deberían ser gratuitos– pueden costar hasta 40 mil pesos debido a la corrupción y mercantilización de los derechos.
La agrupación –que integra a organizaciones defensoras de derechos humanos– emitió una alerta y también acusó que la mayor presencia militar y policial en los dos lados de la frontera de México y Guatemala han provocado que se vulneren los derechos de los migrantes y la región se convierta en “un campo de batalla, en el que la dignidad y la vida de miles de personas está en permanente riesgo”.
Añadió que según testimonios de extranjeros y medios de comunicación, existe una red de corrupción en las instituciones gubernamentales responsables de atender a este grupo vulnerable.
Aunque el reporte no las menciona, las denuncias públicas han sido contra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración.
“La proliferación de despachos privados de abogados ha convertido herramientas legales –como los amparos– en paso casi obligatorio para acceder a derechos. Hemos documentado cómo se utilizan para obtener tarjetas por razones humanitarias, citas para entrevistas de elegibilidad e incluso por el cobro para la revalidación de estudios, con costos inaccesibles que pueden superar 40 mil pesos”, advierte.
Precisó que esas irregularidades generan entre los propios migrantes condiciones de desigualdad y afectan su salud física y emocional.
Además, detalla el reporte, han documentado que a la frontera sur están llegando extranjeros deportados por Estados Unidos, principalmente cubanos y venezolanos, incluidos niños y adolescentes, que llevaban años de residencia, lo que ha causado separación familiar, y en Tapachula no cuenten con representación consular.
El colectivo agregó que el envío de migrantes de otros países al sur de México los deja en condiciones de “extrema vulnerabilidad”.
(Con información de Édgar H. Clemente, corresponsal)
