El conflicto institucional entre los jueces y el legislativo catalán a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el catalán como lengua vehicular de la escuela catalana.
Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestió de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.
La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.
La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.
Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.
La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.
De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.
Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.
Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.
