El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves uno de sus momentos álgidos con la declaración ante el tribunal de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. La imagen simboliza una investigación frustrada. Ambos declaran como testigos después de que el juez Manuel García Castellón impidiera a los primeros fiscales Anticorrupción del caso ahondar en los indicios contra la secretaria general del PP y tampoco hacer las mínimas comprobaciones respecto a los que afloraron sobre el presidente del Gobierno.
Abrirá la jornada Mariano Rajoy. El expresidente del PP y del Ejecutivo nunca declaró en fase de instrucción. Luego vendrá el turno de Cospedal, quien podrá estar acompañada de un abogado porque el tribunal valora que el archivo de la causa contra ella es provisional y puede revertirse.
En el caso de la antigua secretaria general del PP, la breve imputación que dictó contra ella García Castellón tiene un efecto retardado y otra vez favorable para Cospedal. Pese a comparecer como tesgtigo, Cospedal podrá negarse a contestar cualquier pregunta cuya respuesta pudiera incriminarla. Se trata de una garantía consecuencia de haber sido imputada por un corto espacio de tiempo por García Castellón. Si aparecen en el juicio indicios contra la secretaria general que permitan volverla a imputar no podrá ser, en ningún caso, fruto de las preguntas que le hagan las acusaciones.
Las restricciones a las preguntas a Mariano Rajoy no serán tan exigentes, si bien la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ya ha impedido que se formulen a otros testigos cuestiones que puedan derivar en la incriminacion del compareciente. Se trata de la tercera vez que Rajoy declara como testigo en un juicio de la Audiencia Nacional. Lo hizo siendo presidente del Gobierno, con el privilegio de sentarse en estrados; con posterioridad repitió en la vista por la pieza separada de la caja B, por videoconferencia y ya habiendo dejado el Gobierno; y repetirá mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
El testimonio más valioso para las acusaciones durante el juicio ha sido, hasta ahora, el del inspector jefe de Asuntos Internos Gonzalo Fraga, responsable policial de la investigación. Uno de los atestados firmados por el policía estaba destinado, a petición del juez, a clarificar a quiénes pertenecían los alias que pronunciaban Villarejo y sus compinches en las grabaciones incautadas. Fraga dijo que ‘El Asturiano’ y ‘El Barbas’ eran utilizados para referirse a Mariano Rajoy Brey. “No ofrece dudas”, zanjó el policía.
Villarejo y otros investigados aludían al expresidente del Gobierno como conocedor de la operación y se referían a él como objeto de sus peticiones y quejas. El comisario Villarejo ofreció en la comisión de investigación del Congreso el número de teléfono móvil al que asegura que escribía para tener a Rajoy informado personalmente de la operación para sabotear el caso de la caja B del PP que investigaba la Audiencia Nacional.
A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó ese número de teléfono. Dio tiempo para averiguar que la línea telefónica, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso, el 29 de julio de 2021, con diligencias aún por practicar. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes.
La incógnita sobre la grabación
Rajoy también fue protagonista de la declaración durante seis horas de Luis Bárcenas como perjudicado de la operación Kitchen. Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó.
Según el relato de Bárcenas, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró y lo introdujo en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. Nadie más que él ha escuchado esa grabación, señaló. Bárcenas defiende que la brigada política robó una copia del taller de su mujer mientras él estaba en la cárcel.
El segundo obstáculo al que se enfrentan las acusaciones en sus interrogatorios de este jueves con los hechos que no son objeto de la causa, hayan sido ya juzgados o no. La presidenta del tribunal ha permitido preguntas sobre ellos si servían para esclarecer algo relacionado con la operación de espionaje a Bárcenas. De continuar con este proceder, nadie podrá preguntar directamente al expresidente si él es el “M. Rajoy” que aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios en los ‘papeles de Bárcenas’, por ejemplo.
En el caso de la grabación, las preguntas estaban justificadas porque el extesorero la incluye entre el material que los comisarios le sustrajeron. Resta saber si la presidenta permitirá preguntar por su existencia a Rajoy. El fiscal ya advirtió que, con independencia de que existiera, los acusados responden por haber montado una operación ilegal para, entre otro material, robar la grabación que ellos creían que escondía Bárcenas. En el juicio de la caja B, también como testigo, Rajoy negó que la reunión que recogería ese audio se produjera. “Es metafísicamente imposible”, dijo entonces.
Los indicios contra Cospedal, fuera del juicio
La declaración este miércoles del exmarido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, anticipa una declaración descafeinada de la antigua número dos del PP. La magistrada Palacios cortó reiteradamente a la acusación popular que ejerce el PSOE porque las preguntas se tenían que ceñir a aclarar los hechos que se investigan. Y esos hechos los delimitó ya el instructor, García Castellón. En la causa que se juzga el sospechoso de ser el máximo responsable de la operacion Kitchen es Jorge Fernández Díaz. Nadie por encima de él en aquel Gobierno. Tampoco en el partido. Por este motivo, Rajoy y Cospedal solo son citados ante su posible contribución a esclarecer la responsabilidad de los diez acusados.
Así las cosas, López del Hierro se limitó a negar lo que Villarejo anotaba de sus contactos con él. Dijo que sus encuentros eran “coloquiales”, que tenían la oficina cerca y que nunca hablaban de trabajo. Solo reconoció conocer al comisario “desde los años noventa” y que fue él quien le presentó a su entonces esposa.
“Villarejo tenía interés y a mi mujer le pareció bien y les presenté. Hablaron de lo que Villarejo quería decirle y mi mujer expuso las preocupaciones que tenía en ese momento. Recuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de ella”, ha dicho López del Hierro. Se refería a la grabación de 2009 en que, en pleno estallido del caso Gürtel, él y Cospedal le piden hacer “trabajos puntuales”, pese a que Villarejo era un comisario en activo destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Después, dijo, no le constaban más encuentros entre Cospedal y el policía, pese a las evidencias reunidas por la investigación.
Los hallazgos de grabaciones y anotaciones al comisario permitieron acumular indicios contra Cospedal por su relación directa con Villarejo. Esas anotaciones incluían presuntos pagos al comisario realizados por el jefe de gabinete de la secretaria general del Partido Popular, José Luis Ortiz, quien también declarará este jueves. Ortiz estuvo imputado, como Cospedal, y podrá estar igualmente asistido por un abogado.
Ocho meses después de que Anticorrupción solicitara la imputación de Cospedal, el juez García Castellón se atrevió a citarla, solo después de evitar durante más de 78 minutos preguntar a Francisco Martínez, el número dos de Interior, por el papel de la secretaria general, algo a lo que se había comprometido a hacer el magistrado instructor en un auto y que no cumplió.
Pero la imputación de Cospedal duró poco, apenas dos meses. En el auto de cierre de la instrucción, García Castellón aludió al “derecho de reunión” que amparaba las reuniones y conversaciones a escondidas entre la secretaria general del PP y el comisario en activo. Durante el interrogatorio como imputada fue el propio juez quien introdujo en una de sus preguntas el “carácter social” de los encuentros entre ambos.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió y dejó una frase que retumbará durante toda la sesión del jueves en el juicio: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección [la cúpula del PP], como si se hubiera establecido un cordón o una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”. La Sala de lo Penal rechazaría el recurso de la Fiscalía.
En 2022 hubo una nueva oportunidad para reabrir la causa. Fue con la publicación del audio de la conversación entre Cospedal y Villarejo en el que la primera le pide al comisario que “pare” la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’, la prueba de la contabilidad en B del Partido Popular. García Castellón se volvió a negar y Anticorrupción, ya con uno de los fiscales fuera del caso, Ignacio Stampa, no recurrió por orden del jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón.
