Los 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que la asociación de afectados calcula que existen por la construcción de un recinto ferial, un palacio de congresos y un hotel cerca de sus viviendas respiran algo más aliviados desde hace unos días. Un tribunal ha acordado como medida cautelar que las obras del proyecto no podrán comenzar hasta que haya sentencia firme sobre las consecuencias que puede acarrear su edificación. Los damnificados denuncian que no existe un informe medioambiental actualizado y temen ser víctimas de los problemas de tráfico y ruido que se generarían, mientras que el Consistorio defiende la construcción de estos enclaves al ser “fuente de riqueza y empleo”.
Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), afirma que la tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento “carece de todos los estudios pertinentes que se deben realizar” si se quiere realizar un proyecto de tales características. Tras agotar la vía municipal, la entidad acudió al tribunal de lo contencioso-administrativo. No les han dado la razón todavía, pero entienden que el magistrado ha apreciado indicios de que “estas obras podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial”.
Sin embargo, el Ayuntamiento liderado por Paloma Tejero (PP) ha señalado a elDiario.es que cuentan con varios informes favorables a la intervención. Citan uno fechado en diciembre de 2023 y emitido por la Comunidad de Madrid. En él se recoge que “no se observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores de vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico”. Ante dicho extremo, Cabo incide en que ese dictamen fue emitido antes de darse a conocer el pretendido destino final de los terrenos. “Un informe ambiental general en el que no se concreta qué se va a construir lógicamente no sirve para nada”, defiende el pozuelero.
El Ayuntamiento, por su parte, afirma que también existe un informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, tal y como ya han aportado al juzgado. A ello se suma un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues el recinto podría afectar al arroyo de La Plata, en el que se recoge que “esta intervención urbanística constituye un impacto ambiental negativo de escasa entidad, ya que las comunidades vegetales más interesantes se han integrado en la ordenación propuesta”.
El presidente de la asociación de afectados se retrotrae al informe medioambiental realizado de forma previa al conocimiento del uso final de la parcela para “invalidar” todas las resoluciones posteriores. “Una vez que en enero de 2024 descubren la verdadera finalidad del terreno es cuando deberían haberlo pedido, y no antes”, sostiene el mismo Cabo.
Sin obras hasta la sentencia
Sin embargo, el tribunal de instancia competente ha acordado admitir y aplicar las medidas cautelares solicitadas por POZCAVIR, lo que supone la paralización del proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo. La asociación ha destacado que “la adopción de medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto”.
Ante este último movimiento a nivel judicial, el Ayuntamiento ha precisado que apenas afecta al futuro del enclave. Ya decidieron hace un mes y medio no iniciar las obras. “No queríamos que nos pillara con las obras recién iniciadas, lo que habría puesto en peligro la celebración de las fiestas de septiembre en esa misma parcela, que es en realidad lo único que pretende POZCAVIR. Así, nos quedamos como estábamos hasta que el juez decida y seguimos celebrando las fiestas en el mismo sitio y como en los últimos años”, han explicado.
Los mismos terrenos ya han sido utilizados hasta en cuatro ocasiones por el Ayuntamiento a lo largo de los dos últimos años, tanto para celebrar las fiestas patronales como para festejar con una macrofiesta la nochevieja. Fátima Arranz, cuya vivienda se sitúa a 300 metros del epicentro del ruido, ha sido una de las vecinas que ha sufrido las consecuencias: “Ya hemos visto cómo en esas ocasiones la primera entrada a Pozuelo desde Madrid se congestiona y hay problemas con el servicio de los autobuses”.
Esta antigua profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que vive en el municipio desde 1994, enfatiza que el proyecto del recinto ferial y palacio de congresos es la forma de comenzar a urbanizar esa parte de Pozuelo, pegada a la Casa de Campo y el madrileño barrio de Aravaca. “No creo que el Ayuntamiento se eche para atrás porque urbanizar da muchos millones. Al menos la Justicia parece que funciona, porque es increíble que en todas las capitales europeas quieran recuperar los espacios verdes y aquí los estemos liquidando”, critica a sus 69 años.
Los vecinos se sienten respaldados por la Justicia
Desde POZCAVIR reiteran que la meta que persigue el Ayuntamiento es transformar “un espacio que actualmente actúa como zona de transición natural y pulmón verde, sustituyéndolo por infraestructuras destinadas a grandes eventos”. Contraria es la postura que esgrime el Consistorio, desde donde defienden el proyecto porque “el sector de los negocios y congresos es una fuente de riqueza y empleo de Madrid, hasta el punto de que hay mucha más demanda que oferta, por lo que, para un municipio como Pozuelo, tan cerca de la capital y con el atractivo de esta ciudad, es una oportunidad de seguir generando riqueza y empleo”.
Del mismo modo, argumentan que ubicar en ese espacio el recinto ferial es “idóneo”, pues antes las fiestas tenían lugar en el centro del pueblo, “lo que impedía organizarlas con más seguridad y menos molestias, como muchos vecinos reconocen y agradecen desde que se hacen en esa zona la avenida de Europa”, siempre según la versión aportada por el Consistorio.
Muy diferente es lo que opina Enrique Giménez, vecino de esta misma avenida, donde se concentra la mayoría de afectados: “Las medidas cautelares son un reconocimiento al desastre que puede suponer la urbanización y posterior construcción en la zona”. Este economista de 58 años expone que “como español me he sentido respaldado por un estado de derecho que hasta el momento parecía que no me estaba representando”. Además, admite que hasta el momento se han sentido “huérfanos e ignorados”.
La opinión de Giménez es una de las tantas que desde POZCAVIR recogen día tras día. “Los vecinos de Pozuelo vivimos aquí por lo que representa el municipio, no por tener unos servicios en una ubicación equivocada y absurda. Estamos aquí porque queremos tranquilidad y descanso, y queremos que eso siga así, que es para lo que contribuimos con nuestros impuestos”, desarrolla tras más de doce años como residente en la localidad.
Sin acercamiento de posturas
Cabo, el presidente de POZCAVIR, reclama que el Ayuntamiento reciba a los afectados, algo que nunca ha sucedido, tal y como critica. “Se cierran en banda y repiten una y otra vez que tienen mayoría absoluta y que esto estaba en su programa electoral. Lo que no dicen es que en su programa electoral también ponía que el recinto estaría alejado de las zonas residenciales”, puntualiza el activista.
Por el momento, los vecinos organizados en la asociación esperarán la resolución judicial definitiva. Según sus abogados, el desenlace final todavía podría tardar en llegar un año. “Nuestra expectativa es que el Ayuntamiento se dé cuenta de la barbaridad urbanística que está cometiendo y del enorme perjuicio que está causando a los vecinos”, concluye el presidente. A la par, desde el Consistorio repiten que tienen “plena confianza de que este proyecto cumple todos los requisitos, incluidos y sobre todo los medioambientales”.
