El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, se ha sumado a las instituciones gobernadas por el PP que financian Estado de Alarma TV (EdaTV Consulting, S.L.) la televisión del ultra Javier Negre en la que trabajan, entre otros, el agitador Vito Quiles, constantemente señalado por acosar a las personas a las que dirige sus ataques este pseudomedio de la ultraderecha española.
Con fecha 1 de marzo de 2025, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra el comercial de inmobiliaria Jonathan Domínguez, de Coalición Canaria, le concedió un contrato menor de 14.995 euros (cinco euros por debajo del tope legal), que pasó a ser de 16.044,65 con los impuestos correspondientes. El objeto del contrato, según la plataforma de contratación del Estado fue “Campaña divulgativa de información e interés para la ciudadanía”, sin ninguna otra especificación.
El Gobierno ha atendido a una pregunta de este periódico sobre el alcance de tal campaña divulgativa con la siguiente respuesta: “Se trata de un contrato menor ajustado a normativa, como consecuencia de una oferta del propio medio, para la puesta a disposición del Gobierno de Canarias de un banner fijo, en periodo determinado, para la inserción de las campañas divulgativas o mensajes de interés para la ciudadanía que correspondan según programación”.
No ha concretado el Gobierno canario si esos banners ya fueron utilizados en el periodo especificado en el contrato (entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025), si se mantiene abierta esa posibilidad y, en caso de haber sido utilizados, a qué campaña o campañas concretas fueron destinados.
Según la misma plataforma de contratación del Estado, Eda TV alcanzó un importe de inversión publicitaria en el año 2025 por parte de la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno superior a la de otros medios locales del Archipiélago, como Canarias Ahora, que recibió de ese departamento 14.000 euros.
En ese pseudomedio se desempeña el comunicador Vito Zoppellari Quiles, que estos días ha vuelto a estar de actualidad por su modo de operar ante cargos públicos, periodistas o familiares de cargos públicos y periodistas. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado acciones judiciales contra él por atacarla en una cafetería de Madrid y acorralarla para evitar que pudiera salir a la calle. Con la excusa de preguntar acerca de asuntos de presunto interés público, Quiles asalta a las personas a las que pretende entrevistar, siempre de partidos políticos contrarios a la ultraderecha o trabajadores de medios de comunicación que tratan de ejercer su labor de manera libre o que son críticos con la derecha y la ultraderecha.
Su vinculación con el Gobierno de Canarias no ha venido de la mano del Partido Popular, como sí ocurre de manera recurrente con otras administraciones que contratan con Eda TV. Ha sido a través de un departamento controlado exclusivamente por Coalición Canaria, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, dependiente de Presidencia del Gobierno, la que ostenta Fernando Clavijo.
Unas jornadas de comunicación sobre “el universo online de las redes sociales”
El titular de esa viceconsejería es Jonathan Domínguez, una persona absolutamente ajena al mundo de los medios informativos hasta que le cayó encima este cargo, que le fue adjudicado porque su partido necesitaba sacarlo del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), a cuya alcaldía se presentó en las últimas elecciones, porque su presencia era incompatible con el acuerdo CC-PSOE que mantiene al frente de la Corporación al socialista Luis Yeray Gutiérrez.
Domínguez ha sido estos días el máximo protagonista de las II Jornadas Pedagógicas (sic) del Gobierno de Canarias, destinadas, según la información difundida por el Ejecutivo, a “la inteligencia artificial en la comunicación, la comunicación pedagógica en la gestión de las emergencias y en la prevención de ahogamientos en nuestras costas, y las herramientas emergentes de la comunicación: el universo online de las redes sociales (sic)”.
En la clausura de esas jornadas, Domínguez incidió en “la importancia de que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de exigir una información veraz y asegurar la libertad de expresión y la democracia”. Además, destacó la importancia de “hacer una labor pedagógica, en la que se fomente la formación y el debate entre todos los actores con el objetivo de evitar, en lo posible, el amarillismo, el impacto fácil y la viralidad sin credibilidad”, teniendo en cuenta que la información es un derecho amparado en la Constitución y que, en ocasiones, “puede salvar vidas”.
El Gobierno canario no es la única institución de las Islas que financia a este pseudomedio ultra. También lo hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, igualmente gobernado por CC y el PP. Lo ha hecho hasta el momento con una cantidad menor, 5.000 euros, pero con un expediente plagado de irregularidades: se contrató una campaña para promocionar el Carnaval de 2026 en Fitur una vez clausurada esa feria turística y utilizando piezas pretendidamente informativas que ya habían sido publicadas en 2025.
