Una nueva manifestación, encabezada por las principales asociaciones de víctimas de la dana, ha recorrido este sábado el centro de València para exigir que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, entregue su acta de diputado autonómico. Diecinueve meses después de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, los colectivos de damnificados han realizado el mismo trayecto de las primeras movilizaciones para reclamar “verdad, justicia y reparación”, así como para oponerse a que se le aplique el aforamiento al exdirigente.
La protesta se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo en el que se han coreado consignas para exigir responsabilidades políticas y penales y se han desplegado pancartas críticas con la gestión de la emergencia y el uso de las alertas. A la marcha se ha unido también una columna de familias y docentes de la enseñanza pública no universitaria, coincidiendo con la tercera semana de la huelga indefinida que desarrolla el profesorado valenciano.
La movilización se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidiera por unanimidad no investigar a Mazón al no apreciar indicios de delito, al argumentar que no tenía la obligación legal específica de garantizar la seguridad ciudadana. Aunque el tribunal calificó el comportamiento del político de “reprotable” social y políticamente, las asociaciones insisten en que los hechos probados demuestran que sí se disponía de información y medios suficientes para haber alertado a la población a tiempo.
Los portavoces de las víctimas también han mostrado su descontento con la vertiente política del caso, tildando de “paripé” la comisión de investigación celebrada en las Corts. En su lugar, señalaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como la verdadera vía para esclarecer la verdad de lo sucedido y han recordado que la permanencia de Mazón en las instituciones públicas supone una burla directa a los ciudadanos afectados.
Finalmente, desde la Asociación de Damnificados dana-Horta Sud ha hecho hincapié en una reivindicación técnica urgente: la ejecución inmediata de obras de emergencia y no de reconstrucción. Según han explicado sus representantes, los planes de reconstrucción tradicionales podrían demorarse entre 20 y 30 años, un plazo inasumible para la seguridad y la recuperación de los municipios afectados, que necesitan actuaciones de protección prioritarias e inmediatas.
