Música, cánticos reivindicativos, alguna lágrima propia o ajena y un pasillo humano que la acompañó hasta casa. Aunque también estaba previsto, finalmente no hubo acampada: al menos al día siguiente aún no habría nada que temer. Contra todo pronóstico, así ha terminado la marcha multitudinaria convocada esta tarde en apoyo a Maricarmen, la vecina de 87 años que aún resiste a los intentos de un fondo para desahuciarla de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en pleno centro de Madrid. Su familia firmó el contrato de arrendamiento en 1956, pero un conflicto legal con el modelo de renta antigua permitió que Urbagestión se hiciera con la propiedad. Ahora, la empresa amaga con expulsarla: primero lo intentó en octubre y luego, este miércoles.
El desalojo se ha frenado a última hora, pero eso no ha impedido que cientos de personas salgan a la calle para defender su derecho a la vivienda. “Esto no es una victoria: sabemos que lo hacen para desmovilizar a los vecinos y que no vayamos a apoyarla en el siguiente intento”, señalan desde la manifestación fuentes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había convocado la protesta y programado una acampada nocturna frente a la casa de Maricarmen, en aras de impedir su desalojo a la mañana siguiente. Pero la cita se ha pospuesto hasta dentro de tres semanas.
El Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 90 lo confirmó a última hora: en lugar del 3 de junio, tendrá lugar el día 24. “Nos veremos entonces, Maricarmen”, aseguró desde el distrito de Retiro el actor Juan Diego Botto, uno de los artistas invitados al pasacalle por la vecina. Comenzó a las 19.30 horas frente a una biblioteca municipal, la de Eugenio Trías. Junto a Botto estuvieron otras caras conocidas del mundo de la cultura, con Ismael Serrano y Rozalén cantando en dúo frente a una multitud que rodeaba a la protegonista, situada en el centro: una anciana de 87 años se ha convertido en símbolo de la crisis de vivienda.
Pero su situación actual comenzó, en buena medida, con el machismo habitual que regía la legislación franquista. “Por aquel entonces, las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, contaba ella misma a elDiario.es sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en los años 50. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer (impulsado en democracia) que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida.
Cuando en 2005 murió su madre, el blindaje terminó: como segunda subrogada, Maricarmen ya no estaba protegida. Aun así, los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que solo le dio la opción de quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, más del triple de los 500 euros que paga en la actualidad y abona con una pensión de 1.400.
A finales de 2020, y después de haberse negado a abandonar la casa, recibió una primera orden judicial de desahucio. El juzgado dio la razón al considerar que, cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente” y los compradores mantuvieron esa aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo se posicionaron con las pretensiones de los propietarios, y ya en 2024 llegó otra carta de desahucio.
Desde entonces, Maricarmen ha inspirado a su alrededor un movimiento de resistencia ciudadana impulsado, a la vez, por los colectivos que defienden el derecho a la vivienda. Llegó incluso a participar como figura invitada en la última gran manifestación social de mayo. Entonces sonaron muchos de los cánticos que ahora se repiten en favor de la inquilina de Retiro. “Si pago el alquiler me quedo sin comer”; “ni gente sin casa, ni casas sin gente”; “no es meritocracia, es parasitismo” o “Maricarmen se queda” fueron réplicas a viva voz que, esta tarde, despertaron la curiosidad de varios paseantes que recorrían el centro de Madrid.
Los habituales de la zona, en cambio, parecían estar enterados de lo que ocurría. “Han intentado desahuciar a una anciana, pero como no lo han conseguido están aquí para evitar que vuelvan a intentarlo”, respondía un hombre de unos 65 años, que observaba la marcha desde una de las calles que enmarcan la avenida. Aunque su situación económica era buena, no descataba que un día algo así pueda llegar a ocurrirle: “Últimamente parece que todos estamos expuestos”. Con los ojos de otra generación, pero también puestos en la protesta ciudadana, un joven sevillano acompaña a los manifestantes.
Se llama Álvaro, tiene 22 años y estudia Ciencia Política. Desde hace poco, también es miembro del Sindicato de Inquilinas. Además, vive cerca de alli y sabe que tiene suerte respecto a la media, porque paga 400 euros por una habitación. Pero cree que los inquilinos “no deben conformarse porque alguien les diga que esto es lo normal”. “Llevo cinco años viviendo en Madrid y solo conozco lo que es pagar cada vez más por un piso pequeño. Para mi, la solución está en un modelo de cooperativas: si la vivienda no entra en el mercado, ya nadie puede venderla por encima de su precio: en definitiva, más vivienda pública”, resumió frente a la marcha.
Su protagonista encabezaba a la multitud desde una silla de ruedas, empujada por una de las manifestantes que vestían de naranja reflectante, el color del chaleco que portan los miembros del sindicato convocante. Esa tarde, Maricarmen lloró y rió, y también animó a la cola humana que la seguía a elevar la voz haciendo gestos con las manos. “Tengo una edad, problemas de movilidad y aún así la única opción que me dejan es seguir luchando”, volvió a reclamar desde su calle en declaraciones a la prensa, a la espera de que su caso no caiga en el olvido y las semanas no frenen la presión vecinal.
