▲ Según las autoridades federales, el grupo delictivo habría realizado transacciones por alrededor de 12 mil millones de pesos.Foto FGR
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 5 de junio de 2026, p. 11
Un juez federal decretó la vinculación a proceso en contra de ocho integrantes de la red de factureros y lavadores de dinero identificada como de El Caballito, que según las autoridades federales habrían realizado transacciones por alrededor de 12 mil millones de pesos. Los ahora imputados serán juzgados por su presunta participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con la identificación que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Poder Judicial de la Federación, los imputados fueron identificados como Maikol Leonardo Lasso Cervantes, Laura Belén López Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farfán, Montserrat Viridiana Ochoca, Lilia Eréndira Ávila Pulido y Salvador Villaseñor López.
Los ahora imputados serán juzgados por su presunta participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
El juez federal decretó, luego de considerar los argumentos del Ministerio Público Federal, que los imputados deben permanecer en prisión preventiva.
Empresas fachada
Cabe mencionar que en días pasados la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron de manera simultánea cateos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
Al respecto, hace una semana el vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que la organización delictiva constituía empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos y con ello se ingresan flujos de dinero “por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”.
Mediante las empresas facturadoras la banda distribuía los recursos en el sistema financiero y los trasladaba a propietarios de las compañías beneficiadas, ocultando así el origen del dinero, lo que afecta a la hacienda pública.
