El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha advertido de que el sistema de Facturación Electrónica Obligatoria entre empresarios y profesionales ha entrado en una fase decisiva tras la aprobación del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, y la publicación del Proyecto de Orden que regula la solución pública de facturación electrónica, actualmente en tramitación.
La organización profesional considera que este nuevo marco normativo supone uno de los cambios más relevantes en la operativa económica de empresas y profesionales de las últimas décadas, al transformar de manera estructural la forma en que se documentan, intercambian y supervisan las transacciones comerciales. No se trata únicamente de un avance tecnológico ni de un cambio de formato, sino de un rediseño profundo del sistema de facturación empresarial y de la propia relación entre empresas y Administración.
“No estamos ante un simple cambio tecnológico”, ha señalado Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. “Estamos ante un auténtico cambio de sistema que modifica la relación entre empresas, pero también la forma en la que la Administración controla y supervisa la actividad económica”.
El nuevo modelo obligará a que las operaciones entre empresarios y profesionales se documenten mediante factura electrónica estructurada, convirtiendo este formato en el estándar obligatorio de relación económica en el ámbito B2B (“business to business”).
Adaptarse cuanto antes
El Consejo General recuerda además que, desde finales del pasado año, ya se venía trasladando a empresas y profesionales la necesidad de aprovechar el amplio margen temporal previsto para preparar la adaptación a los nuevos sistemas de facturación. Sin embargo, casi cinco meses después, la realidad sigue marcada por las dudas interpretativas, los cambios de criterio, la incertidumbre técnica y el desconocimiento existente en buena parte del tejido empresarial sobre el verdadero alcance de las nuevas obligaciones.
“Otro de los riesgos de estos procesos es generar una falsa sensación de lejanía”, ha señalado Santiago. “Cuando las empresas escuchan que todavía queda un año o dos años para adaptarse, muchas piensan que el problema aún no va con ellas. Pero la realidad es que seguimos sin haber despejado cuestiones esenciales y el tiempo corre mucho más rápido de lo que parece”.
Y es precisamente ahí donde los gestores administrativos sitúan una de las principales preocupaciones derivadas del nuevo sistema. Según advierte el Consejo General, la obligación de emitir facturas electrónicas estructuradas implicará, en la práctica, la utilización de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), es decir, los mismos sistemas sobre los que se articula el régimen VERIFACTU.
Hasta ahora, el criterio administrativo mantenido por la Agencia Tributaria venía señalando que VERIFACTU no resultaba aplicable a quienes expidieran todas sus facturas manualmente, sin utilizar un Sistema Informático de Facturación. Sin embargo, basta con emitir una sola factura mediante un SIF para que el sistema pase a resultar aplicable.
Esto significa que miles de pequeños negocios acogidos a módulos, al régimen simplificado del IVA o al recargo de equivalencia —como cafeterías, talleres, pequeños comercios, imprentas o papelerías— podrían terminar entrando indirectamente en VERIFACTU simplemente por emitir, de manera ocasional, una factura electrónica a otro empresario o profesional.
“Muchos pequeños negocios todavía no son conscientes de lo que puede implicar realmente este cambio”, advierte Santiago. “La digitalización no puede convertirse en una trampa normativa para quien simplemente intenta trabajar”.
El Consejo General considera especialmente preocupante que la coexistencia de distintos calendarios normativos, obligaciones técnicas y criterios interpretativos esté generando una creciente sensación de inseguridad jurídica entre empresas y profesionales.
Además, la organización alerta de que la complejidad técnica del sistema, la coexistencia de plataformas públicas y privadas, las obligaciones de trazabilidad y comunicación del estado de las facturas y la incertidumbre sobre determinados aspectos de desarrollo reglamentario pueden generar importantes dificultades operativas para miles de pequeñas empresas y autónomos.
Por ello, los gestores administrativos han reclamado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que utilice las excepciones previstas expresamente en el artículo 4 del Real Decreto 238/2026 para excluir de la obligación de expedición de factura electrónica a determinados colectivos cuya incorporación al sistema podría generar una carga desproporcionada y difícilmente asumible.
“Antes de imponer nuevas obligaciones es imprescindible despejar dudas, ofrecer seguridad jurídica y garantizar que el sistema sea realmente proporcional y viable para el pequeño negocio”, ha concluido el presidente del Consejo General.
El Consejo General recuerda que la implantación efectiva del sistema dependerá todavía de la aprobación definitiva de la Orden Ministerial de desarrollo, prevista inicialmente para octubre de 2026, momento a partir del cual comenzarán a computarse los plazos efectivos de adaptación para empresas y profesionales.
