La Jornada: Astillero

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ste domingo se cumplirá el plazo que las comunidades indígenas de la Bahía de Ohuira establecieron para que las autoridades federales frenen la construcción de una planta de amoniaco de capital suizo-alemán (en especial, del banco estatal alemán KfW-IPEX) que producirá 2 mil toneladas diarias de material de exportación que luego de ser procesado como fertilizante podrá ser revendido a México por una empresa con sede en Estados Unidos, Kock Fertilizer (división agroindustrial de Koch Industries), especializada en el control integral de plantas de gas, amoniaco y etanol, así como ductos.

Koch Fertilizer “controla al menos cuatro refinerías de petróleo, seis plantas de etanol, una planta de energía a gas natural y 4 mil millas de tuberías”; además, las empresas de la familia Koch (la sexta más rica del mundo, con una fortuna estimada en 150 mil 500 millones de dólares: https://goo.su/o4Rzc) “comercian, refinan, transportan, procesan combustibles fósiles, moviéndolos por todo el mundo” (https://goo.su/ZBL4Ns1).

Dicho gigante industrial no tiene contemplado impulsar ninguna soberanía alimentaria mexicana ni propiciar directamente ningún ahorro o provisión especiales para agricultores mexicanos en cuanto a fertilizantes. La inmensa mayoría del amoniaco que se produzca en la Bahía de Ohuira será exportado a Estados Unidos, donde formará parte de procesos de fabricación de fertilizantes que serán vendidos, al precio y en las condiciones que convenga a Koch Fertilizer, a Chile y otras naciones, como México. En dado caso, el precio más barato para agricultores mexicanos dependería de la eventualidad de que, al tener los Koch más disponibilidad de producto, decidan ofrecerlo a precios un poco más reducidos.

Hasta ahora, el proyecto de la planta de amoniaco en el municipio sinaloense de Ahome ha sido sostenido contra viento y marea por una conjunción de extraños intereses entre los que destacan los ex gobernadores Francisco Labastida Ochoa (y uno de sus hijos) y Mario López Valdez (y su ex secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros); luego, el respaldo del morenismo en pleno, después de que ese proyecto impulsado en el peñismo pareció naufragar por sus evidentes violaciones legales y ambientales (un humedal de obligada protección mexicana por ser sitio Ramsar; una primera “consulta indígena” absolutamente patito, con el subsecretario de Gobernación del sexenio pasado, Rabindranath Salazar, como patético ejecutor).

Tanto el presidente anterior, López Obrador, como la actual, Sheinbaum Pardo, han mantenido un inamovible y seco respaldo a ese proyecto (en parte argumentando, con falsedad, que ayudará a la soberanía alimentaria mexicana y a dejar de depender del extranjero en cuanto a fertilizantes). El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue replicante gustoso de las instrucciones presidenciales y los negocios locales.

La planta de amoniaco, de Proman y Gas y Petroquímica de Occidente, ha sido señalada con crítica precisión técnica como peligro ambiental, social, económico y cultural por 11 expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a los que el gobierno mexicano simplemente bateó. Una fundación alemana defensora de derechos humanos y ambientales pagó un viaje a Berlín a tres representantes del movimiento ¡Aquí No! para que hablaran con parlamentarios y políticos de aquella nación a fin de que impidieran el financiamiento gubernamental alemán a un proyecto sumamente negativo.

Pero el gobierno mexicano no escucha y no atiende. Cerradas mantiene todas las vías eficaces de solución, aunque se refugia en el “diálogo” y la “atención” como falsa alternativa. Las comunidades indígenas, su consejo de ancianos, han determinado no esperar más.

Y, mientras la ceremonia inaugural (nada relevante) y el partido inicial han fluido entre protestas que no llegaron a mayores consecuencias (en varios sentidos), ¡hasta el próximo lunes!

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