Los Mossos d’Esquadra han iniciado este miércoles uno de los procesos de desalojo más conflictivos de los últimos años en la Mina, en Sant Adrià del Besòs. La policía tiene órdenes de desahuciar a las primeras familias de las 58 viviendas públicas que permanecen ocupadas desde hace casi diez años, y que debían servir para reubicar a los afectados del derribo del edificio Venus –el fin al que ahora se quieren destinar–.
La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial con varios furgones de los Mossos, ha llegado al barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs para ejecutar los tres primeros desalojos de los 58 que se prevén. Las viviendas, conocidas como los Bloques de la Rambla, son pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones, pero que ahora el Consorcio de La Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos realojados del bloque Venus, que en principio debería ser derribado en 2028 como parte fundamental de la transformar urbanística el barrio.
Desde primera hora, cerca de 40 personas se han concentrado a las puertas de los bloques con vallas de obra para evitar el desalojo, pero los Mossos han retirado los elementos y han derribado la puerta.
De los tres casos de desalojo previstos para este jueves, dos afectan a familias con menores a cargo que no tienen alternativa habitacional, según detalla el Sindicato de la Vivienda. También denuncian que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman. El colectivo defiende que existen “alternativas” viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: “No faltan herramientas, sino voluntad política”.
Desde el inicio del conflicto, sin embargo, desde el Consorcio de La Mina (participado por la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona) alegan que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento” de servicios sociales. A quienes sí lo sean, insisten, se les dará la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.
Las familias, sin embargo, aseguran que desde 2021 se les está haciendo seguimiento “contemplando la posibilidad de establecer alquileres sociales”. Esta vía, no obstante, se habría abandonado hace unos meses, señalan, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue entonces cuando los vecinos empezaron también a recibir las notificaciones de desalojo.
En este sentido, las familias afectadas de los bloques y el Sindicato de la Vivienda de La Verneda y El Besòs exigen la paralización del proceso judicial para el desalojo y la apertura de una mesa de negociación para encontrar soluciones. Por ahora, hay más desahucios previstos los días 22, 25 y 29 de junio. “Las vidas de la gente de La Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que difícilmente será reparable”, concluye el Sindicato de la Vivienda en un manifiesto.
Cuando se construyeron, en 2010, los bloques de pisos ahora ocupados se habían proyectado con el objetivo de ofrecer un realojo en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Sin embargo, las viviendas acabaron vacías debido a los desacuerdos entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojo.
Tras años de abandono, en el verano de 2017 comenzó una ocupación masiva. Aunque los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó desapareciendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo dicha vigilancia.
