Habemus fecha. La huelga indefinida del profesorado que convocarán más de una decena de organizaciones de todo tipo en la Comunidad de Madrid (desde sindicatos hasta asambleas de docentes, apoyada por estudiantes y familias) empezará el próximo 14 de octubre, según decidió este miércoles la asamblea unificada de docentes que tuvo lugar en la capital.
Nómina en mano para probar que lo son, más de 500 docentes se acercaron hasta el auditorio Marcelino Camacho, de CCOO, convocados por 16 organizaciones diversas (de las principales de la región solo faltaban los sindicatos ANPE y CSIF, de perfil más conservador) para afinar con algunas cuestiones esenciales de cara a la convocatoria. Se votó —a mano alzada— la fecha y se validaron las demandas que se plantearán a la Comunidad de Madrid. Si son atendidas antes de que empiece el paro en octubre —en su totalidad o hasta un punto que esta misma asamblea unitaria considere aceptable—, se desconvocará la huelga.
Como han hecho esta primavera sus compañeros de la Comunitat Valenciana o de Catalunya, el profesorado madrileño exige unas mejores condiciones de trabajo (y esto es más que dinero) que le permita atender mejor la creciente diversidad en las aulas, que ha hecho de la docencia una profesión cada vez más difícil de ejercer. El grupo de trabajo que ha elaborado la tabla de reivindicaciones, formado por representantes de CCOO, UGT, STEM, CNT y CGT, así como de las plataformas Educación Especial Digna, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo de docentes Menos Lectivas, ha elaborado un documento con seis bloques de demandas: horario lectivo, ratios, lucha contra la segregación escolar, mejora salarial, burocracia y participación e infraestructuras. La asamblea docente de este miércoles ha añadido que se exija eliminar el sistema bilingüe, muy criticado por segregador y bajar el rendimiento del alumnado.
Una mayoría de los sindicatos docentes de la región pretendían lograr una huelga unitaria de todas las organizaciones, incluidas asambleas de profesorado como Menos Lectivas, para tener la mayor fuerza posible de cara a la negociación con la Comunidad de Madrid. Los sindicalistas que se han sentado en la mesa con el Gobierno regional saben que no les van a regalar nada y querían doblar la mano a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el máximo apoyo posible. Pero ANPE y CSIF, dos de los cuatro que tiene representación en la mesa de negociación oficial con el Ejecutivo regional, siempre han mostrado dudas con su participación.
Pese a ello, las organizaciones han valorado la unidad conseguida y que se haya refrendado la composición de un comité de huelga unitario, con presencia de todas las organizaciones de docentes, que será el que negocie con la Consejería de Educación que dirige Mercedes Zarzalejo. Chame Pinto, de UGT, ha destacado la asistencia a la reunión; Rafael Valentín, de CGT ha puesto el ejemplo de los docentes de Asturias, Euskadi, Catalunya o la Comunitat Valenciana y cree que la huelga “es la [única] opción que le quedaba al profesorado”; Alberto Sánchez, coportavoz de STEM, que hay que “buscar el apoyo del conjunto de la comunidad educativa, familias y estudiantado, logrando que la lucha trascienda los centros educativos y llegue a cada barrio, (…)pues la educación pública fue un derecho conquistado por y para la clase obrera y es necesario que esta en su conjunto se movilice en su defensa”, según han valorado tras la reunión.
Las condiciones de trabajo en los centros
Las peticiones empiezan con las condiciones de trabajo en los centros educativos. Las asociaciones exigen bajar a un máximo de 17 horas lectivas (de clase) semanales en Secundaria (ahora son 20) y 22 en Primaria (desde 25). Además, para el caso de Secundaria, las horas de tutoría o dedicadas a gestionar la jefatura de departamentos contarían como lectivas. Esta medida pretende corregir una treta del Gobierno regional, que pactó con los cuatro principales sindicatos (ANPE, CSIF, CCOO y UGT) un acuerdo el pasado curso para bajar una hora lectiva semanal, pero después incluyó una letra pequeña que excluía de facto de esa rebaja a todos los tutores, que aproximadamente son la mitad de la plantilla, un movimiento que partió en su momento el movimiento sindical madrileño, ahora en reparación.
También exige la asamblea de docentes que se considere que, a la hora de contabilizar al personal en los centros, todo el profesorado mayor de 55 cuente como si fuera a pedir la reducción de jornada a la que tiene derecho. Y si no lo hace, “quedaría como ‘extra’ en el centro para otras necesidades”.
La eterna pelea por las ratios
En cuanto a las ratios, los docentes quieren que bajen a 13 estudiantes por aula en el secundo ciclo de Educación Infantil, 15 en Primaria (están en 25 en ambos casos), 20 en Secundaria (25) y 23 en Bachillerato (35). En las tres etapas de la Formación Profesional (Básica, Media y Superior) se pide también un máximo de 15. Además, y este es un punto en el que han insistido mucho las organizaciones sindicales, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae) computará doble a efectos de medir las ratios.
Aunque esta reivindicación se dirige a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno central justo este miércoles el Ministerio de Educación ha ofrecido a los sindicatos una rebaja histórica en el primer ciclo de Infantil y en Bachillerato, a la vez que tramita una ley en el parlamento para hacerlo en Primaria y Secundaria. Educación no llega a las cifras que piden los docentes, pero fija un marco de mínimos que las comunidades deben cumplir.
También hay un hueco para la atención a la diversidad, que se concreta en la exigencia de que cada orientador tenga una población de referencia de 250 estudiantes, siguiendo las recomendaciones europeas, frente a los 750 actuales. En los centros de educación especial se pide un profesoinal por cada seis alumnos con discapacidad intelectual, uno para cuatro si existen pluridiscapacidades y el mismo máximo para los trastornos de conducta y el alumnado TEA (espectro autista).
Salarios e infraestructuras
El profesorado madrileño está entre los peores pagados de España, pese a que Madrid es la región más rica en PIB per cápita y tiene uno de los precios más elevados de vivienda. Por eso la asamblea pide una subida salarial de 600 euros al mes, para equipararse o acercarse al menos a sus compañeros de Euskadi. También porque han visto en Catalunya que es posible: la Generalitat ofreció esa misma subida a sus docentes. Pero, como se vio también en Catalunya, el salario no lo es todo: incluso ese aumento será insuficiente si no viene acompañado del resto de medidas. También se exige que el profesorado de FP cobre lo mismo que el de Secundaria.
Los convocantes, que defienden con carácter general la escuela pública, piden además la climatización de los centros, que se garanticen plazas de gestión y titularidad pública para todos (no concertadas) y la eliminación de infraestructuras provisionales.
Las reivindicaciones concluyen con una exigencia de que se reduzca la burocracia, que crece ley tras ley y aplasta a docentes y equipos directivos, y un plan de choque para la FP, donde el profesorado y/o las direcciones dedican muchas horas a la búsqueda de empresas para realizar las prácticas, obligatorias ahora en todas las modalidades en mayor o menor medida.
