▲ Ayer se presentó al nuevo equipo legal que la defenderá.Foto Luis Castillo
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Martes 30 de junio de 2026, p. 7
Omar Quevedo Cruz y su padre Roberto lanzaron ayer un reto a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal general de la República Ernestina Godoy: “Es el momento de demostrar que su compromiso con los valores de justicia y los derechos humanos son verdaderos. Por favor, saquen de este limbo legal a Brenda Quevedo Cruz (procesada sin sentencia desde hace 20 años y actualmente bajo prisión domiciliaria después de pasar 18 en los peores reclusorios para mujeres del país).
En sendos mensajes videograbados –el de Omar desde el extranjero, donde reside desde que huyó de las amenazas y ataques de la familia Miranda Wallace– el hermano y el padre de la procesada participaron en la conferencia de prensa que se realizó ayer para dar a conocer la creación de la red internacional de solidaridad con Brenda Cruz, integrada por abogados, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas.
A pesar de que el conocido como caso Wallace es considerado emblemático en la historia judicial del país, Omar y Roberto Quevedo nunca habían tenido oportunidad de ser escuchados. En los años en los que las falsas acusaciones de secuestro y asesinato de Hugo Wallace dominaban la atención en los tribunales, el gobierno y los medios de comunicación sólo tomaban en cuenta la palabra de Isabel Miranda, que falsificó una historia “como si fuera un guion cinematográfico ficticio”, como lo calificó el escritor y periodista Ricardo Raphael, autor del libro Fabricación.
La productora de televisión Carmen Huete habló en nombre de la Red Internacional en Solidaridad con Brenda Quevedo y presentó al nuevo equipo de representación legal que la defenderá. Son dos iniciativas ciudadanas que, dijo, “abren un nuevo capítulo” para el caso con un solo objetivo: “Justicia y libertad para esta mujer presa sin sentencia, que a la edad de 45 años lleva 20 atrapada en el caso Wallace”.
Aseguró que esta iniciativa, en la que participan juristas, activistas de derechos humanos, académicos y periodistas de distintos países, “no será ni simbólica ni temporal. Seguiremos activos, vigilantes, acompañando, denunciando y exigiendo hasta que la libertad de Brenda sea una realidad”.
Ricardo Raphael, escritor y periodista, dijo por su parte que la explicación que él encuentra al “hecho aberrante” de que durante 20 años no se haya dictado sentencia “es porque los responsables de cerrar la instrucción no tienen valor para reconocer que no hay una sola prueba solvente. Y quienes fabricaron las pruebas y cometieron las torturas –funcionarios que todavía están activos dentro de la fiscalía, los ministerios públicos y los juzgados– temen un efecto búmerang que apunte hacia ellos”.
Por su parte, la abogada Karla Micheel Salas, que encabeza el equipo legal, calificó el caso de Brenda Quevedo “como uno de los mayores fracasos del sistema jurídico” y recordó que, desde hace 12 años, 2014, ya se había cerrado la etapa de integración de pruebas.
También cuestionó al nuevo juez de primer distrito Carlos Rico Mondragón, quien ha negado permiso de trasladar a Brenda a un hospital cuando sufrió una grave hemorragia como una de las secuelas de las graves torturas que sufrió.
En la rueda de prensa acudieron también académicos que compartieron su análisis. Diana Camacho, de la Red de Abogadas Feministas Digna Ochoa, reclamó que el Estado tiene una deuda con las mujeres sobrevivientes víctimas de violencia sexual dentro del sistema penitenciario y Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, denunció que en las prisiones mexicanas hay 34 mil mujeres procesadas pero sin sentencia, con lo que se prolonga de manera injustificada su situación en reclusión.
