El periodista deportivo Roberto Gómez aseguró en La Tribu que el Atlético de Madrid no tiene intención de negociar con Joan Laporta y que, directamente, no le cogerán el teléfono al presidente del Barcelona en lo que respecta al futuro de Julián Álvarez (26, argentino). Gómez fue contundente al afirmar que el Barcelona carece además de capacidad económica para afrontar la operación, y calificó la gestión del club catalán como un ejercicio de chantaje hacia Los Colchoneros.
Como ya se ha cubierto en Football Espana, el Atlético fijó su posición económica en €150 millones en efectivo, sin posibilidad de incluir jugadores ni pagos aplazados, una exigencia que por sí sola dejaba el margen de maniobra del Barcelona muy reducido. Ahora, según Gómez, el problema ya no es solo de cifras: es de interlocutor.
La distinción entre no responder al teléfono y rechazar formalmente una oferta
La distinción que merece la pena establecer aquí es entre la negativa a comunicarse y el rechazo formal de una propuesta económica. Que el Atlético no quiera sentarse a negociar con Laporta no equivale a que haya cerrado la puerta de forma definitiva a cualquier escenario posible; significa, más concretamente, que la institución rojiblanca considera que Laporta no merece ser su interlocutor válido en esta negociación, al menos en este momento.
Gómez argumentó en La Tribu que el Barcelona tuvo hasta seis ocasiones durante el año para plantear sobre la mesa el asunto de Álvarez en conversaciones directas con el Atlético, y que en ninguna de ellas lo hizo. Según el periodista, el club catalán optó en cambio por negociar con el entorno del jugador a espaldas de los rojiblancos: “El Barcelona ha tenido seis ocasiones este año para hablar de Julián Álvarez y en ninguna de ellas ha salido el tema. Y luego han ido por detrás, negociando con los agentes, pseudoagentes del jugador y además con una actitud de un chantaje al Atlético de Madrid impresentable.” Esta secuencia, si es precisa, explica la dureza de la postura atlética mucho mejor que cualquier discrepancia puramente económica.
Conviene también recordar que el Atlético ya presentó una denuncia formal ante la FIFA por la conducta del Barcelona en este asunto, lo que eleva aún más el umbral de confianza institucional que habría que reconstruir antes de que cualquier conversación prospere. El silencio ante las llamadas de Laporta no es, en ese contexto, un gesto espontáneo de orgullo: es la consecuencia lógica de un proceso que ha derivado en una disputa regulatoria activa.
Lo que esto implica para la posición del Atlético de Madrid
Para el Atlético, la negativa a coger el teléfono cumple una función estratégica clara: consolida su posición sin tener que articularla en un comunicado oficial ni exponerse a las distorsiones que genera cualquier declaración pública en medio de una saga de este calibre. Remitir al Barcelona a la cláusula de €500 millones, como apuntó Gómez, no requiere negociación alguna; es simplemente señalar la única vía legal disponible para cualquier club que pretenda llevarse al jugador sin el consentimiento atlético.
El club del Metropolitano firmó a Álvarez procedente del Manchester City por alrededor de €75 millones más variables, vinculándolo hasta 2030. Desde entonces, las informaciones procedentes de Madrid han sido consistentes: el jugador no está en el mercado, no se contempla su venta y cualquier oferta que no alcance la cláusula será ignorada. Que el Real Madrid presentara una propuesta de €150 millones y también recibiera una negativa refuerza la idea de que el Atlético no distingue entre pretendientes a la hora de mantener su postura; la firmeza no es selectiva.
La denuncia ante la FIFA añade un elemento disuasorio adicional. Si los organismos reguladores terminan dando la razón al Atlético en su denuncia por aproximación indebida, el Barcelona no solo perdería esta batalla concreta, sino que quedaría expuesto a consecuencias que irían más allá del mercado de fichajes de este verano.
Lo que esto implica para el Barcelona y para Laporta
Gómez no ahorró críticas hacia el presidente barcelonista, y las separó en dos planos distintos. El primero, puramente económico: “Lo primero que tiene que decir Laporta es que el Barcelona no tiene dinero para fichar a Julián Álvarez.” El segundo, de conducta institucional: “El Barcelona y Laporta no se han portado bien, han asaltado al Atlético de Madrid.” Ambos reproches apuntan a un mismo problema de fondo, que es la brecha entre la narrativa pública que proyecta el Barcelona y la realidad de sus posibilidades reales.
Las ofertas del Barcelona, según los medios catalanes, se han situado en el rango de €100–135 millones, muy por debajo del umbral de €150 millones que el Atlético exige como mínimo para abrir siquiera la conversación, y a años luz de los €500 millones de la cláusula. Las conversaciones directas entre clubes que se han producido no han generado ningún acercamiento real en términos económicos, lo que sitúa al Barcelona ante una disyuntiva incómoda: o eleva sustancialmente su oferta o acepta que la operación no es viable en estas condiciones.
La crítica de Gómez se extendió también al comportamiento de Laporta en términos más amplios, incluyendo su relación con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y lo que el periodista describió como una falta de respeto hacia Florentino Pérez. Estas valoraciones sobre la conducta pública del presidente barcelonista trascienden el caso Álvarez, pero no son irrelevantes: en un entorno en el que la negociación depende también de la relación personal entre dirigentes, la imagen que proyecta Laporta tiene consecuencias prácticas.
¿Qué posición ocupa Álvarez en todo esto?
El propio Álvarez ha mantenido hasta ahora un perfil bajo en declaraciones públicas sobre su futuro. En una entrevista con ESPN restó importancia a los rumores sobre el Barcelona, señalando que los relatos que circulan en redes sociales le resultan irrelevantes y que su foco está puesto en el Atlético de Madrid. No existe, al menos sobre la mesa, ninguna petición formal del jugador para abandonar el club, lo que priva al Barcelona de la palanca más poderosa que existe en este tipo de operaciones.
Sin esa presión desde dentro, el Atlético puede mantener su postura sin coste interno visible. Álvarez tiene contrato hasta 2030; el club no necesita vender y el jugador, públicamente al menos, no ha pedido salir. El margen de maniobra del Barcelona depende en gran medida de si esa ecuación cambia en algún momento antes del cierre del mercado.
Qué puede desbloquear la situación
El próximo movimiento significativo será si el Barcelona decide presentar una oferta que supere los €150 millones en efectivo y si el Atlético responde a ella con alguna señal de apertura, o si la repele con la misma firmeza con la que ha rechazado todo lo anterior. También será determinante el desarrollo de la denuncia ante la FIFA: una resolución favorable al Atlético endurecería aún más el clima institucional y reduciría todavía más las probabilidades de que Laporta encuentre un interlocutor dispuesto a escucharle en el Metropolitano.
The next meaningful development will be whether Barcelona present a credible offer that moves the conversation onto economic terrain rather than procedural grievance, and whether Álvarez’s public silence on his future remains intact as pre-season preparations begin and the pressure of the saga intensifies on all sides.
