Una investigación llevada a cabo por la RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas muestra que Barcelona se ha convertido, desde octubre de 2023, en la principal vía de tránsito hacia Israel de MTBE, un compuesto químico usado principalmente como aditivo para la gasolina y perteneciente a la familia de los éteres.
Entre marzo de 2025 y mayo de 2026 la aduana israelí registró nueve cargas de MTBE a granel procedentes del puerto de Barcelona con destino a Haifa, por un total de más de cincuenta mil toneladas.
“Esto demuestra la existencia de una línea de suministro programada, con una carga cada seis u ocho semanas, siempre desde las mismas terminales del puerto de Barcelona (TEPSA y TRADEBE) y con el mismo consignatario (ITALMAR 3000 S.L)”, indican los investigadores.
España es exportador habitual de MTBE, como puerto de tránsito
Barcelona, puerto de tránsito
Estos cargamentos de MTBE (metil-terc-butil éter) no están producidos en España, son transportados desde terceros países, hacen escala en Barcelona y continúan su trayecto hasta Israel.
El informe desvela que Barcelona fue el primer origen declarado de éteres ante la aduana israelí en 2025, con cerca del 39 % de todas las importaciones israelíes de esta partida, por delante de Francia y Chipre. También revela que, de las nueve cargas registradas por las aduanas de Israel, España solo ha declarado una en su estadística de exportación: la del buque IRINI, contabilizada en diciembre de 2025, de origen francés.
“El resto transita por Barcelona sin dejar rastro en los datos de comercio exterior”, indican los investigadores. Esto se debe a que los otros cargamentos proceden de países no comunitarios.
El MTBE que pasa por el puerto barcelonés con destino a Israel llega de Arabia Saudí, Estados Unidos, China, Japón y Francia, entra en Barcelona, se almacena y se reembarca hacia territorio israelí, reetiquetado como «origen España» ante la aduana de Haifa.
El equipo investigador ha analizado los datos de Aduanas de Israel, combinándolos con la información proporcionada por la Agencia Tributaria de España y el Puerto de Barcelona.
Las obligaciones derivadas de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia no exigen demostrar un uso militar concreto: basta con que el comercio contribuya a la ocupación y la segregación.
Uso civil y militar
El MTBE no es un producto específicamente para uso militar, “no es el queroseno de los aviones de combate ni el gasóleo de los blindados, pero sí es un aditivo importante para que los motores de gasolina funcionen correctamente: eleva el índice de octano y mejora la combustión”, explica el equipo investigador.
Desde una perspectiva económica, las 40.000 toneladas de MTBE que transitan por Barcelona al año suponen unas ventas totales de unos 30 millones de euros de aditivo al año. La investigación indica que esas 40.000 toneladas son un componente que permite poner en el mercado israelí aproximadamente unos 540 millones de litros de gasolina.
“A los precios que fija el propio Ministerio de Energía israelí, esa gasolina supone más de 1.150 millones de euros en ventas y aporta alrededor de 700 millones de euros anuales a las arcas del Estado de Israel en impuestos”, señala el informe. Los investigadores subrayan que este comercio “no es inocuo”, ya que este componente puede usarse no solo para coches particulares, sino también para vehículos militares o policiales.
De las nueve cargas registradas por las aduanas de Israel, España solo ha declarado una en su estadística de exportación: la del buque IRINI, en diciembre de 2025
Las obligaciones internacionales
El Real Decreto-ley español 10/2025, aprobado el pasado mes de septiembre, establece en su artículo 2 que se denegará el tránsito hacia Israel de “combustibles que puedan tener un uso final militar”.
“A pesar de que el foco de ese artículo sean los querosenos de aviación JP4, JP5 o JP8, es imposible descartar un potencial uso policial o militar del MTBE”, indican desde RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas.
Estos colectivos solicitan la suspensión de todo tránsito de dicho combustible, en base no solo al Real Decreto-ley 10/2025, sino también por las obligaciones derivadas de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte, máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, ha pedido a los países que eviten “relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a “la ocupación ilegal” y “la segregación”.
Esa obligación “ni siquiera exige demostrar un uso militar concreto: basta con que el comercio contribuya a sostener la ocupación” y la segregación. Las fuerzas armadas israelíes participan y contribuyen a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos.
“Los más de 700 millones de euros que los impuestos derivados del comercio de este combustible aportan al Estado ya son una contribución más que evidente de cómo este comercio ayuda a mantener gravísimas vulneraciones de derechos humanos”, denuncian desde RESCOP.
No hay un comercio bueno y un comercio malo con Israel. Todo intercambio que mantenga en
funcionamiento su economía y su maquinaria ayuda a sostener el colonialismo, la
ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestinoRESCOP y Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel
El destinatario más probable de estos cargamentos, según los datos obtenidos y el mapa de producción energética israelí, es Dor Chemicals, en Haifa, que abastece a las dos refinerías del país: BAZAN y la refinería de Ashdod, señaladas por organizaciones independientes –como SOMO y Oil Change International– por su papel en el suministro de combustible a las fuerzas armadas israelíes que participan en la ocupación ilegal.
La investigación también denuncia que, desde un punto de vista ambiental, el MTBE es un contaminante de aguas subterráneas, cuyo uso está prohibido en muchos territorios por su potencial cancerígeno y sus efectos contaminantes a largo plazo, “otro motivo más para detener su comercialización”.
El Reglamento del Consejo de la UE 833/2014, que establece las medidas restrictivas de la UE frente a Rusia, reconoce que el MTBE es un insumo con relevancia industrial y que tiene suficiente peso económico y estratégico en el comercio internacional como para restringir su comercio con Rusia en ambas direcciones.
La RESCOP y la Campaña Fin al Comercio de Armas destacan el diferente rasero que se aplica a la ruta que pasa por Barcelona hasta Haifa, que “contrasta con el nivel de escrutinio que la normativa europea aplica a este mismo producto en otros contextos geopolíticos”.
La investigación señala que esta vía de suministro a Israel “contrasta con el nivel de escrutinio que la normativa europea aplica a este mismo producto [el MTBE] en otros contextos geopolíticos”
Estos colectivos explican que todo comercio “que mantenga en funcionamiento la economía y la maquinaria” israelí ayuda “a sostener el colonialismo, la ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”. Desde hace meses insisten en que “no hay un embargo integral de armas a Israel” y que las medidas adoptadas por España “son insuficientes”.
“Los combustibles forman parte integral de la industria militar, la maquinaria genocida no se mueve sin combustible. Exigimos un embargo integral ya”, recalcan. En su comunicado piden al Gobierno español que deniegue el tránsito por puertos españoles del MTBE y de cualquier combustible o aditivo de carburante con destino a Israel, por su posible uso final militar.
También solicitan que las autoridades portuarias y aduaneras investiguen y hagan públicos los operadores de esta ruta de suministro –consignatario, terminales y cadena hasta el comprador– y que “cierren la opacidad estadística que permite que este flujo no figure en los datos oficiales de comercio exterior”.
Otra de sus demandas es la de la aprobación por el Congreso de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, registrada en julio de 2024, para garantizar un embargo de armas a Israel “con un mecanismo legal vinculante y permanente, no revocable por decisión del Gobierno, que abarque el conjunto del comercio que sostiene crímenes de guerra”, sin excepciones.
Además, exigen que el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, como parte del consorcio de gestión del puerto de la capital catalana, actúen de manera responsable y exijan a la Autoridad Portuaria la puesta en marcha de todos los mecanismos a su alcance “para asegurar la identificación, intercepción y decomiso de las cargas de MTBE que contengan los barcos que atraquen en el Puerto de Barcelona”.
