▲ En junio pasado, Morena convocó al registro de aspirantes a las candidaturas por las 17 gubernaturas en juego en 2027.Foto Roberto García Ortiz
▲ El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien defendió en 2023 que “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.Foto José Antonio López
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 12 de julio de 2026, p. 5
Los partidos políticos (salvo los dos nuevos, con registro desde el mes pasado) comenzaron procesos internos formales e informales rumbo a la selección de sus candidatos para 2027. Este banderazo se dio al menos medio año antes del inicio oficial de las precampañas y nueve meses previos al arranque de la etapa proselitista.
El fenómeno, ahora conocido en la jerga partidista como “pre-pre-precampaña”, no está regulado en la Constitución o en la ley. Se realiza con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida en 2023, precisamente frente a las estrategias de los políticos para despuntar desde ahora hacia las candidaturas.
En julio de aquel año, la sala superior del TEPJF concluyó que los “procesos políticos partidistas inéditos”, en ese momento de Morena y del frente opositor, no eran ilegítimos y, por tanto, podían continuar, siempre que se ajustaran a los límites constitucionales.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseveró entonces que “es legítimo que los partidos puedan tener filtros y llevar a cabo una serie de acciones para valorar las características de sus liderazgos”.
El TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) generar lineamientos generales para regular y fiscalizar estos procesos.
El consejero Arturo Castillo Loza, quien desde marzo pasado ha insistido varias veces y por diferentes vías en la necesidad de aprobar un marco normativo más robusto, con consecuencias en el proceso electoral 2026-2027, que comienza la primera semana de septiembre próximo, señaló que el objetivo es fiscalizar desde ahora los gastos, pero sobre todo que el INE sea árbitro en un juego que ya arrancó.
“Y en caso de que se llegaran a acreditar actos anticipados de precampaña o campaña, los gastos involucrados en esos actos podrían ser sumados a los topes de gastos de campaña correspondientes; esto tendría un efecto sobre la regulación y la protección de la equidad en la contienda”, comentó a este diario.
Igualmente –añadió–, dado que los mensajes de estos procesos sólo deben estar dirigidos a los integrantes de determinado partido, no deben usarse en ese contexto las prerrogativas en radio y televisión (tiempos oficiales).
Rechazó que el INE pretenda legislar: “No, de ninguna manera, la propuesta de lineamientos que en su momento propuse derivó literalmente de un mandato del TEPJF en el que, en esta sentencia de 2023, señala expresamente que el INE tiene la obligación de proteger la equidad y la igualdad en la contienda, incluso antes de que empiecen los procesos electorales y emitiendo medidas de carácter general aun ante la ausencia de regulación expresa”, recalcó.
Datos de las 32 vocalías ejecutivas del INE, actualizados al 4 de julio, reportan propaganda impresa y digital en 27 entidades federativas.
Con base en monitoreos, han sido divulgadas al menos 11 entrevistas en medios nacionales de personas que manifiestan sus aspiraciones a cargos políticos y de elección popular. Asimismo, 54 renunciaron o solicitaron licencia a sus encargos en 17 entidades.
En el contexto anterior, los vocales del INE informaron de la presentación de 437 quejas o denuncias en 23 entidades, incluida una denuncia de hechos por una vocalía ejecutiva del instituto.
Derivado de lo anterior, las autoridades electorales –nacional y locales– han dictado 29 medidas cautelares en 11 entidades con motivo de estos procesos políticos. Hay también reclamos por inacción de autoridades electorales en al menos 15 entidades.
