▲ Miles de personas participaron el pasado 27 de junio en la marcha del orgullo, en Paseo de la Reforma.Foto Jair Cabrera Torres
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Domingo 12 de julio de 2026, p. 7
La discriminación estructural tiene un “impacto devastador” en la salud mental y emocional de la población de la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, la ideación o el intento de suicidio en este sector triplica la prevalencia existente en la población con orientaciones sexuales e identidades de género normativas, refiere el Índice de Inclusión de Personas LGBT+, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El documento detalla que, de acuerdo con cifras oficiales, 28.7 por ciento de esta población ha experimentado ideación suicida. Asimismo, la discriminación y la exclusión de personas LGBT+ perpetúan ciclos de pobreza, desigualdad y violencia que obstaculizan el progreso hacia múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los relacionados con la salud, la educación, la igualdad de género.
Lo anterior confirma que “la inclusión de las personas LGBT+ no constituye una cuestión marginal para la agenda de desarrollo, sino un imperativo para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Destaca que México ha desarrollado un marco jurídico progresivo para la protección del sector, pues existe reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ciudad de México fue pionera al legalizarlo en 2010, convirtiéndose en la primera jurisdicción de América Latina en reconocer ese derecho.
Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez constitucional del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental.
También se ha logrado el reconocimiento legal de la identidad de género, lo que permite a las personas trans modificar sus documentos de identidad mediante procedimientos administrativos.
Homologación legislativa
En marzo de 2025, según reportó Human Rights Watch, 22 de las 32 entidades del país realizan procedimientos administrativos para ese reconocimiento.
Otro avance ocurrió en 2024, cuando México prohibió a nivel federal las “terapias de conversión” y tipificó estas prácticas como delito, con sanciones de dos a seis años de prisión.
Pese a los avances normativos, el país enfrenta “niveles preocupantes” de violencia contra las personas de la comunidad. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, entre 2014 y 2025 hubo alrededor de 739 casos de asesinato y desaparición.
El documento señala que se requiere una armonización legislativa, pues “ocho entidades federativas carecen de procedimientos administrativos para el reconocimiento de la identidad de género y la tipificación de los crímenes de odio no es uniforme a escala nacional”.
En cuanto a las infancias y adolescencias trans, la mayoría de las entidades reservan el acceso a los procedimientos de reconocimiento de la identidad de género a personas mayores de edad.
Advierte que los niveles de violencia contra las personas LGBT+, en particular contra las mujeres trans, permanecen elevados. “La impunidad de los crímenes de odio constituye un obstáculo estructural para el acceso a la justicia”.
