Decenas de personas se han vuelto a concentrar este sábado en las calles de la capital valenciana para exigir responsabilidades políticas y judiciales por la gestión del Consell que encabezaba Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, cuando una fatídica dana arrasó gran parte de la provincia de València y provocó la muerte de 231 personas, y las jornadas posteriores. Durante la movilización, los portavoces de las entidades convocantes han puesto el foco en el desarrollo de los procedimientos judiciales abiertos, al tiempo que han advertido sobre los riesgos de que las formalidades administrativas entorpezcan la resolución de las causas. Los manifestantes han subrayado la urgencia de que los tribunales actúen de manera contundente y sin demoras en la instrucción.
En el transcurso del acto, los representantes del colectivo han insistido en la necesidad de situar la dignidad de los afectados en el centro de las actuaciones de los poderes públicos. “El derecho de las víctimas tiene que estar por encima de una garantía procesal”, han manifestado los portavoces en la lectura del manifiesto final. Desde la organización señalan que las salvaguardas legales que amparan a los cargos investigados no pueden transformarse en una vía para dilatar los plazos o diluir las responsabilidades derivadas de la toma de decisiones en momentos críticos.
La marcha ha servido también para que los participantes expresaran su indignación ante la lentitud con la que, a su juicio, avanzan las pesquisas para esclarecer el operativo de respuesta. Los colectivos sociales han denunciado que la falta de celeridad judicial genera una sensación de indefensión en las familias y en el conjunto de la sociedad valenciana. Por ello, han reclamado un cambio de criterio procesal que priorice el derecho a la verdad y evite que la causa sufra estancamientos en los juzgados.
Con este nuevo acto de protesta, las plataformas convocantes aseguran que mantendrán la movilización en las calles durante los próximos meses de manera ininterrumpida. La concentración ha concluido con una llamada a la unidad ciudadana para fiscalizar la acción del Consell y exigir respuestas claras ante los órganos judiciales. Los manifestantes han reiterado que el proceso de reparación solo comenzará con una asunción plena de responsabilidades por parte de la administración autonómica.
