Un juzgado de Navalcarnero ha rechazado investigar de forma aislada la muerte de una anciana en una residencia durante la pandemia y ha reclamado la apertura de una macrocausa sobre los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. La jueza considera que las investigaciones no deben abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias madrileñas. Asociaciones como Marea de Residencias cuantifican en más de 7.000 las muertes provocadas por esos protocolos en esos centros entre marzo y abril de 2020.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que la jueza responde a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas. La magistrada alega que aunque concurren “múltiples víctimas con diversas patologías”, el núcleo de la investigación en todos los casos es la aplicación de los protocolos en los que se basó su derivación o no a centros hospitalarios.
“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”, recoge el auto.
Desde Marea de Residencias, quien ha llevado a los tribunales alguno de estos casos, considera que la resolución de la jueza de Navalcarnero es “una gran noticia”. “Venimos diciendo desde el minuto uno que los protocolos fueron la causa común que propició la gran tragedia, independientemente de las circunstancias personales, de enfermedad o de residencias concretas de cada residente”, apuntan a elDiario.es fuentes de la asociación.
