Francisco González se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años en la pieza 9 de la macrocausa Tándem, también conocido como el caso BBVA. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara hace dos semanas el procesamiento de la entidad, del expresidente y de hasta doce personas más por delitos de cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos por contratar al comisario de la Policía José Manuel Villarejo y a su empresa Grupo Cenyt para encargos ilegales entre 2004 y 2016, hoy han trascendido detalles del escrito de acusación del Ministerio Público.
Según ha avanzado Expansión y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, el Ministerio Público interesa para González cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. Estas mismas fuentes señalan que ese sumatorio de penas se hace de esta forma porque el delito de revelación no admite continuidad delictiva, si bien advierten de que en todo caso el límite de cumplimiento de prisión es el triple de la pena más grave (el cohecho) por lo que el banquero nunca se enfrentaría a más de 15 años de cárcel.
En cuanto al BBVA, señalan que se pide una condena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros por día por el delito de cohecho mientras que por cada uno de los 48 delitos que le imputan de revelación de secretos se interesa una pena de multa de 2 años a razón de 5.000 euros por día. Eso haría ascender la multa al entorno de los 180 millones de euros para la entidad. La única que ha acabado siendo procesada en esta macrocausa a pesar de que también estuvo investigada La Caixa en otra de las ramas de Tándem.
Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicó en los autos por los que confirmaba el procesamiento que el sistema establecido por BBVA de prevención y control de delitos no era eficaz porque dejaba al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados”.
Para el tribunal, no era irrazonable concluir, como hace el instructor que “el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.
Sobre González, la Sala apuntaba en línea con el instructor que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente de la entidad, “que ya sabía” de quién era ese conglomerado de empresas y sus métodos de investigación por contratos anteriores. “No es irrazonable concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt”, explicaba.
Cuando en 2020 el juez instructor del caso Villarejo, entonces Manuel García-Castellón, levantó el secreto que pesaba sobre esa pieza 9, cifraba en 10.284.689,30 euros los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas del policía.
“Dichas contrataciones tendrían por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policía en activo”, afirmaba el juez.
