La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está tratando de apagar el incendio que tiene en la universidad pública a costa de la (falta de) financiación pública. Tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, por su incapacidad para alcanzar un acuerdo o al menos acercar posturas con los rectores de cara a una futura ley de universidades madrileña, Ayuso trata de recuperar el paso y negocia con los mandatarios un aumento de los fondos que la Comunidad de Madrid traspasa a los campus públicos, según confirman varian fuentes a elDiario.es. Madrid es la región que peor financia a sus campus de toda España, pese a ser la más rica.
La presidenta comparecerá el próximo jueves 5 de marzo en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el cambio en la Consejería, que ha pasado del perfil técnico de Viciana a uno más político con Mercedes Zarzalejos. A la caída del ya exconsejero le siguieron el cese de dos directores generales y tres diputados y la dimisión del gurú de Ayuso, Antonio Castillo Algarra, un dramaturgo que movía los hilos de la educación madrileña desde su despacho del Ballet Español de la Comunidad, desatando de la nada la mayor crisis interna que ha visto Ayuso en sus gobiernos desde que accedió al cargo, en 2019. Con esa destitución –aunque el cesado asegura que se ha marchado motu proprio– el proyecto de ley de universidades de Ayuso volvía a la casilla de salida.
Varias fuentes apunta a que la presidenta tratará el jueves de desviar la atención de la crisis en Educación anunciando un acuerdo con los rectores para mejorar la financiación de las universidades y crear, por fin, un plan plurianual (Madrid es de las pocas regiones que no lo tiene, lo que impide a los rectorados planificar a medio y largo plazo) o, si no consigue cerrar el acuerdo antes, al menos comunicar su intención de mejorar las transferencias corrientes a los centros, ahogados en este momento.
¿Una subida del 30%?
Fuentes conocedoras de las negociaciones afirman que la cifra ofrecida por el Gobierno regional ronda los 1.600 millones de euros anuales para las seis universidades públicas dentro de cinco años. Si se confirma ese dato, supondría una subida de 29% sobre los 1.239 millones de euros que la Comunidad destinará a sus campus este año. Pese a este hipotético aumento, la partida para universidades pasaría del 0,4% del PIB actual a un 0,5% (y eso con el PIB actual, sin tener en cuenta el aumento que habrá a cinco años vista y que hará que subida relativa sea aún menor), una cifra que todavía es la mitad del 1% que prevé la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Aún así, para los rectores esa cifra podría ser aceptable, según declaró la máxima responsable de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universiadades Públicas de Madrid (Cruma), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista reciente con Europa Press: “1.700 millones, que es lo que tiene el sistema andaluz [equiparable en tamaño al madrileño], creo que sería una buena referencia”, explicó la mandataria hace diez días.
El Gobierno regional se reunirá con los rectores de los centros públicos el próximo lunes 2 para tratar de alcanzar un acuerdo sobre financiación, toda vez que el estancamiento en la negociación de la ley ha llevado a la Consejería de Educación a intentar cerrar esta crisis fuera de la tramitación de la norma, cuya aprobación está ahora en el aire.
En esa cita está previsto que, además de la nueva consejera de Educación, participe el Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que medió entre el cesado Viciana y los rectores y ha adquirido más peso en las negociaciones. Quien no estará es la responsable de Economía y Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, la persona encargada de liberar los fondos, que se ha mostrado reacia y además es una persona cercana a las universidades privadas, según publicó El País.
Tras esta reunión el martes 3 los rectores se verán con representantes de las plataformas en defensa de la universidad pública, que les dirán que todo lo que no sea alcanzar o rozar el 1% del PIB será insuficiente. “Ningún acuerdo a largo plazo ni por cantidades que no se acerquen al 1% del PIB permitirá sostener y modernizar las universidades públicas, favoreciendo así el trasvase de estudiantes a las universidades privadas. Las Plataformas anunciaron ya en enero que continuarian sus movilizaciones si no se cumple una financiación suficiente y estable –sin objetivos–, como pide la LOSU”, explican fuentes de estos grupos.
Aunque la Comunidad de Madrid no lo admite abiertamente, el nivel y la extensión de las protestas organizadas por las plataformas, que paralizaron la universidad con la huelga de los pasados 26 y 27 de noviembre, influyeron en el cese de Viciana.
Tres patas para la financiación
El objetivo del Gobierno regional, que los rectores no rechazan, es establecer una financiación con tres ejes: una partida básica para el funcionamiento diario de los centros, una segunda por objetivos concretos a cumplir (cada campus los suyos propios) y una tercera que atienda las especificidades de cada centro (por ejemplo, la Universidad de Alcalá tiene un campus que en parte es Patrimonio de la Humanidad).
Para las universidades madrileñas empieza a ser urgente una mejora en sus condiciones. La Complutense ha tenido que pedir un crédito de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid (su teórica financiadora) para cuadrar las cuentas, lo que le ha obligado a aprobar un Plan Económico Financiero con un recorte de 33 millones de euros; la Rey Juan Carlos (URJC) ha cerrado el ejercicio 2025 con un déficit de 76 millones, unas cuentas que muestran por qué es la universidad peor financiada de España.
En conjunto, el Gobierno regional transfiere hoy menos dinero a sus universidades que en 2009 y Madrid es la única región con un sistema universitario deficitario y sus gastos no financieros son superiores a los ingresos, según los datos de 2023.
La falta de financiación que han sufrido las universidades en los últimos años ha provocado, además, que las necesidades de inversión se multipliquen, explicó la rectora Mendikoetxea: “Hemos dejado de invertir mucho dinero en nuestras infraestructuras y ahora deberíamos poder acometer reformas importantes”, le dijo a Europa Press.
