Mini-punto para Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los seis rectores de las universidades públicas de Madrid para poner en marcha un plan de financiación plurianual en los centros públicos. Con este pacto, que firmarán las partes esta mañana, la presidenta resuelve, al menos temporalmente, la crisis abierta en la región en los últimos meses a cuenta del estado económico de los campus, según ha avanzado ABC y confirmado este periódico.
La salida del Ejecutivo hace dos semanas del consejero de Educación, Emilio Viciana, y del grupo de los Pocholos, junto a la intervención de la Consejería de Presidencia –presente en la reunión ayer entre Comunidad y Cruma, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid en la que se cerró el pacto– ha desatascado una negociación enquistada. Se espera que el Gobierno regional ofrezca los detalles del acuerdo a partir de las 13 horas, pero algunas fuentes especulaban la semana pasada con una subida gradual del presupuesto hasta alcanzar los 1.600 millones de euros dentro de cinco años, una cifra que a la presidenta de la Cruma y rectora de la Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, le sonaba razonable, según explicó en una entrevista con Europa Press. Sería un aumento del 30% sobre los 1.239 millones actuales, aunque medido sobre el PIB supondría apenas pasar del 0,4% al 0,5%. La ley de universidades establece el 1% como meta.
Se le cierra (aparentemente) un frente a Ayuso, pero eso no quiere decir que vaya a acabar con la crisis en la universidad. A no ser que la presidente anuncie que va a duplicar el presupuesto, seguirá teniendo enfrente la oposición de las seis asambleas en defensa de las universidades públicas, que ya han anunciado que rechazan cualquier cifra de financiación que no se acerque a ese 1%. “Si nuestros rectores y gobernantes hacen anuncios oficiales que vayan en contra de los objetivos mínimos que tenemos, las Plataformas advertirnos que nos reuniremos de urgencia para organizar y convocar las movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados”, señalaron este lunes a través de una nota.
Y son las plataformas, no los rectores, quienes han liderado la protesta contra el Gobierno regional en los últimos meses. Son las plataformas las que convocaron una huelga que paralizó los campus el pasado mes de noviembre, punto de inflexión en las reivindicaciones que le acabaría costando el cargo a Viciana. Son las plataformas las que han mantenido viva la protesta, y no piensan parar, sostienen.
Pero la presidenta al menos dejará de oír quejarse a los rectores, que en el último año y medio han salido tres veces a protestar conjuntamente por la falta de financiación.
Las universidades necesitaban el acuerdo con urgencia. La situación de algunos centros, como la Complutense o la Rey Juan Carlos roza la desesperación. La primera ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros para seguir funcionando, la segunda ha cerrado el pasado ejercicio con un déficit de 76 millones de euros.
Un camino diferente ha seguido la ley de universidades, el otro gran encargo que tenía Viciana, que la presidenta quería haber aprobado el pasado diciembre, pero que actualmente ni está ni se la espera. El texto tenía una gran influencia de Antonio Algarra Castillo, conocido como Rasputín en el Gobierno regional, un dramaturgo con gran ascendente sobre Viciana y sobre la propia Ayuso y líder del grupo de los Pocholos, hoy fuera de las estructuras de poder tras marcharse con Viciana. Pero los rectores habían rechazado de plano la propuesta de ley, que veían incorregible. Su apuesta iba por redactarla desde cero de nuevo, y la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, parece haber aceptado que es la única vía factible.
