Las Juntas Administrativas de los concejos alaveses de Margarita, Lermanda, Aríñez y Crispijana han exigido paralizar la reubicación de la fábrica de LEA (Lascaray), así como la suspensión de las obras de KonpostAraba, ambas proyectadas en el polígono industrial de Júndiz, en las inmediaciones de estos pueblos. En el caso de LEA, se mueve allí tras el gran incendio de junio que destrozó su planta en la zona de Arriaga.
Estas instituciones han denunciado esta semana en un comunicado que tratan a sus concejos “como si no existieran” y que las administraciones no han valorado el “impacto ambiental acumulado” al que están “sometidos”. A través de estas decisiones “tomadas desde despachos que poco han mirado hacia el medio rural”, han señalado, están “destruyendo” la agricultura, el patrimonio natural y su calidad de vida, informa Europa Press.
Hay “falta absoluta de colaboración, respeto y protección” por parte del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria, han indicado. “Ignoran las obligaciones legales de medir y evaluar de forma conjunta la intensificación del tráfico pesado, las emisiones, la contaminación acústica y lumínica, y el deterioro progresivo de nuestro medio ambiente”, han recriminado. Por ello, han exigido que “se recupere el respeto institucional” a sus concejos, una participación directa en cualquier decisión futura, así como una “protección efectiva” del entorno rural.
Desde Margarita, Lermanda, Aríñez y Crispijana señalan que tanto la planta de KonpostAraba como la futura LEA son “agresiones y amenazas”. Por una parte, las obras de KonpostAraba se han iniciado “sin la preceptiva licencia de obra”, han denunciado, ignorando las alegaciones vecinales, los riesgos ambientales y la legislación que exige evaluar el impacto acumulativo con la planta con la TMB/biocompost, que genera “molestias severas desde hace años”.
A esta “agresión” se suma “una nueva amenaza”, han añadido en referencia a la decisión municipal de situar LEA-Lascaray a 150 metros de Margarita y Lermanda. “Sus antecedentes por quejas de malos olores en Vitoria intensifican aún más la presión ambiental sobre un entorno rural que ya se encuentra desbordado”, han concluido.
