El concejal del Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez, ha asegurado este martes que ha solicitado “un informe a la Secretaría Municipal” del Ayuntamiento para que le aclare si hay alguna incompatibilidad en los contratos que han hecho desde el Consistorio a una empresa de la que posee el 33%. Lo hace una vez que elDiario.es ha desvelado más de una docena de adjudicaciones municipales en los últimos dos años, que van desde los 400 a los 6.600 euros.
En declaraciones a EFE, Suárez, se ha escudado en que está desvinculado de la actividad cotidiana de la empresa, creada hace 15 años, desde febrero de 2023, y que ni forma parte de la junta directiva, ni toma decisiones sobre contratos o su actividad empresarial, limitándose a una participación social a través del 33 % de las acciones, lo que supone tener un tercio de la empresa.
El presidente del PP de Burgos ha dicho desconocer que su empresa había contratado con ProBurgos y con el Ayuntamiento -12 veces en total entre 2023 y 2025- hasta que elDiario.es se puso en contacto con él, y tras ese conocimiento ha realizado la correspondiente petición al Ayuntamiento. “Estoy tranquilo”, ha afirmado Suárez, quien ha asegurado que nunca ha ocultado su participación en la empresa, en la que hasta 2025 tenía el 22 % de las acciones, aunque desde diciembre ha pasado a contar con el 33 %.
Los cargos públicos están obligados a reflejar en su declaración de bienes las participaciones accionariales que superen el 10% de una empresa, no es un dato aleatorio, es un tope que marca la normativa. Así, existiría una incompatibilidad en el cargo, en virtud del artículo 12 de la Ley 53/1984, que obliga legalmente a optar entre mantener el cargo público o desprenderse de la participación societaria y que puede dar lugar a un procedimiento formal de declaración de incompatibilidad. Existiría también una prohibición de contratar de esa empresa, ya que según el artículo 71.1.g de la LCSP, la empresa no podría contratar con el Ayuntamiento mientras existiera esa participación. Esta prohibición es automática y se aplica aunque se trate de pedidos, contratos menores o pagos por caja fija.
En cuanto a los contratos realizados en esa situación, pueden declararse nulos por haberse celebrado estando la empresa incursa en la prohibición de contratar, y derivarse una responsabilidad disciplinaria o de control por parte de los órganos competentes, como son la secretaría, la intervención o los órganos de fiscalización.
El socio de Suárez en Eventos El Espino es Koldo Madariaga Rica, que no es un desconocido en Burgos y su provincia, y menos desde que hace unos años emprendió la ‘guerra del Txacolí de Burgos’, una iniciativa en la que obtuvo el respaldo de su socio, Suárez que entonces era vicepresidente de la Diputación de Burgos.
En 2010, el pleno de la Diputación de Burgos, en la que Suárez ostentaba la vicepresidencia, aprobó por unanimidad de PP, PSOE y Solución Independiente una propuesta para “la defensa del chacolí de Burgos” que permitía a la Diputación personarse en todas las instancias en las que se intentase blindar término txakoli. Suárez fue la cara política de esa iniciativa. Al frente de los productores del ‘txacoli de Burgos’ estaba Madariaga, propietario de una bodega en Miranda de Ebro. En esa aventura que no cristalizó en nada, puesto que la denominación de origen sigue perteneciendo a Euskadi y más en concreto a los consejos reguladores de Álava, Vizcaya y Getaria, estaba la entonces diputada del PP y hoy alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien anunció una proposición en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de Madrid ofrecer igualdad de trato a todos los productores y que se bloquease el blindaje del nombre. Lo que se llamó ‘Guerra del Txacoli’ tuvo un breve recorrido: los de Burgos tuvieron que conformarse en 2015 con una certificación de Vino de la Tierra de Castilla y León, una IGP (una Indicación Geográfica Protegida, IGP) para el vino que produce Madariaga en su bodega y que comercializa como ‘Ch’.
