El Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que el PP reintrodujo en una ley en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD. Los socialistas en esta ocasión han aceptado debatir la ley aunque rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones que introdujo el PP también en aquel año para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.
La iniciativa ha salido adelante con los votos de la mayoría de investidura y el rechazo de la derecha y la extrema derecha. 175 a 171.
El texto es una iniciativa del PNV, presentada este martes por el diputado Mikel Legarda, que ha calificado la reforma introducida por el PP hace una década como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. “Supone el hecho de delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver entre los grupos parlamentarios los problemas políticos de fondo”, ha defendido desde la tribuna sobre la ley que pretende eliminar ese recurso.
El recurso previo de inconstitucionalidad es una figura que permite al tribunal de garantías fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma en cuestión, lo que según los proponentes corre el riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa y caer “en la tentación de invadir la competencia del legislador”.
La posibilidad de este recurso previo otorga, según los grupos que han apoyado la toma en consideración, una potestad a la minoría parlamentaria para frenar el procedimiento legislativo por el simple hecho de estar disconforme con lo aprobado. El recurso ya estuvo vigente hasta 1985 y, tal y como ha defendido Legarda en el Pleno, “su supresión en 1985 fue calificada generalmente por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal”.
La iniciativa también pretende reducir las multas que permiten al TC actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos.
En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.
“Hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra la Catalunya”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para defender su apoyo a la iniciativa. Aunque no se ha quedado ahí: “A nosotros nos preocupa que lo pueda hacer [recurrir la norma] también después. Nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto”, ha dicho.
El texto ha contado también con el apoyo de Junts, que ha reprochado al PSOE que en varias ocasiones en legislaturas anteriores haya dado su apoyo a la toma en consideración de una norma similar pero la haya “guardado en un cajón” sin voluntad política para sacarla adelante.
Precisamente los socialistas han recordado que se posicionaron en contra de la reforma que introdujo el PP para elevar las multas por incumplimientos, pero no así con la introducción del recurso previo, que apoyaron cuando se votó en el Congreso, junto a PP y UPyD. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido en aquel momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el “potencional conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad” de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán.
“No compartimos que se trate de un veto o un control político o que el TC se convierta en una tercera cámara”, ha dicho Rallo, que no obstante se ha mostrado abierto a debatir el texto y apoyar esa conversación con su voto a favor de la toma en consideración.
Vox asegura que convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”
El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha asegurado dentro de este debate que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. “Señorías del PNV, Junts y ERC. Dicen que van a celebrar más referéndum para separarse e España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del PP en 2017. El único referéndum que van a querer votar va a ser el que vamos a convocar para que los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la unidad territorial de España”, ha dicho.
Hoces ha arremetido contra el PP en plena bronca con Vox por las negociaciones para las investiduras en Extremadura y Aragón. “Sabemos que el señor Feijóo considera que Galicia y Catalunya son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o se van a unir a Vox para asfixiar al separatismo”, ha sostenido. El diputado ultra ha reclamado al PP “modificar leyes para que partido que apenas cuentan con 1% puedan condicionar la política nacional” o “recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal”.
Hoces ha pedido “aumentar penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales. Y necesitamos un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional”.
