El Gobierno aprobará previsiblemente este martes la subida de las pensiones que naufragó en el Congreso la semana pasada. El Ejecutivo está negociando contrarreloj con los socios de la investidura para intentar salvar el conjunto del escudo social, que incluye también el bono energético, ayudas por la dana, bonificaciones fiscales y la prórroga de la prohibición de los desahucios, que fue la justificación de Junts para votar en contra. Las conversaciones a varias bandas se han circunscrito a cómo sacar adelante ese paquete dado que PP y Junts exigían que la subida de las pensiones fueran en un decreto individual, sin el resto de medidas, mientras que la izquierda presiona para que no se deje ninguna fuera. Con el PNV también se están abordando modificaciones en la prohibición de los desahucios.
“Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos siete años cuando he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir”, aseguró Pedro Sánchez en un mitin en Teruel este domingo. Con esas palabras, el presidente apuntaba a que los socialistas no exprimirían el temor a que la subida de las pensiones no se ejecute en el mes de febrero para responsabilizar al PP durante la campaña electoral aragonesa. También enviaba el mensaje de que lo haría en un único decreto si era necesario con tal de salvar esa promesa. El pasado año, PP y Junts votaron a favor de un texto prácticamente igual al que rechazaron unas semanas antes.
Más allá de la lectura entre líneas, fuentes gubernamentales reconocen que lo más probable es que este martes se apruebe la subida de las pensiones. A última hora del lunes, lo que está sobre la mesa del Consejo de Ministros es un decreto con el escudo social, salvo la moratoria para los desahucios, que genera suspicacias en el PNV y Junts. Esa parte, que es fundamental para los socios de izquierdas, se regularía en otro decreto.
Dos decretos: uno con todas las medidas y otro para desahucios
La intención de Moncloa es darles luz verde este martes, aunque podría dilatarse una semana más. El Gobierno tiene margen hasta el Consejo de Ministros del próximo martes (10 de febrero) para aprobar la revalorización de las pensiones porque la Seguridad Social no da la orden de pago hasta mediados de mes. En puridad, también podrían hacer un segundo pago con la diferencia, pero en el Gobierno no se quieren plantear ese escenario, según explican fuentes gubernamentales.
El Gobierno pretende aprobar de nuevo la subida de las pensiones este martes. “Trabajamos para que vaya mañana. ¿Es posible llevar algo que tenga un encaje que incluya todo? Con un 70% de probabilidades, sí, salvo la parte de desahucios”, señalaban este lunes por la tarde estas fuentes, que también guardaban precauciones ante la posibilidad de que en el último momento todo se retrasara a la semana que viene. “Aún por decidir”, reconocía una de las personas del Gobierno implicadas en la negociación que está pilotando el ministro Félix Bolaños. Horas después la probabilidad aumentaba y se daba por hecho que el escudo social se trocearía por la complicación en torno a la prohibición de los desahucios.
“El decreto de la semana pasada se tumba principalmente porque Junts dice que los desahucios no lo vota”, recuerdan esas fuentes: “Junts y Podemos no se van a poner de acuerdo en cuatro días”. El Gobierno busca fórmulas para salvar a través del decreto todas las medidas del escudo social y también encajar la prohibición de los desahucios en las exigencias de los socios de derechas. Una de las posibilidades objeto de estudio es reformar la ley de Arrendamientos Urbanos.
Los socios de izquierda temen que el PSOE caiga en la tentación de abandonar la moratoria antidesahucios como respuesta a las peticiones de Junts. Es lo que trasladó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la semana pasada, cuando pidió públicamente volver a llevar el decreto intacto. Este lunes, Sumar ha trasladado una idea similar, aunque en la coalición reconocen que podrían abrirse a alguna fórmula alternativa si eso sirve para dialogar, como la aprobación de dos decretos por separado. Eso sí, para el socio minoritario del Gobierno, este escenario solo podría ser válido si los apoyos con Junts y también con el PNV están garantizados.
“Nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas, lo importante no es tanto el cómo sino el que tienen que ir todas. Nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios”, dijo este lunes el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun.
Todas las fuerzas de izquierda defienden la protección del Gobierno contra los desahucios. Se trata de una medida por la que presionó Unidas Podemos durante la pasada legislatura y que se ha ido prorrogando cada año de forma sucesiva. Los movimientos sociales calculan que ampara hasta a unas 70.000 personas.
Por eso algunos socios defendieron públicamente esa protección este lunes. “Esperamos poder llegar a un acuerdo, por nosotros no será”, dijo el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. El diputado reconoció que el Gobierno les contactó por primera vez en la noche del domingo. “Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto que contiene una inmensa mayoría de cosas buenas porque algo no te gusta”, recriminó Rufián contra Junts.
Otras fuerzas como Podemos no son tan celosas con el modelo que el Gobierno pueda usar para aprobar la medida, siempre y cuando sea efectiva. “El Gobierno puede aprobar mañana mismo un nuevo decreto antidesahucios y hacerlo mes a mes las veces que sea pertinente y necesario”, llegó a proponer el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández. Otra alternativa para Podemos es que el Gobierno se haga cargo de abonar el alquiler de todas esas familias que están en situación de impago por su vulnerabilidad social.
La pugna de los socios de la derecha
El problema con el que choca el Gobierno es la pugna recurrente entre el bloque de socios que le da apoyo: en un lado las fuerzas de izquierda y al otro lado los partidos más conservadores, sobre todo Junts pero también el Partido Nacionalista Vasco, que ya se quejó durante el debate la semana pasada por la forma en la que el Ejecutivo había negociado con ellos y por la falta de cobertura que, a su juicio, esta medida deja a los propietarios.
Un recordatorio en el que incidió este lunes la portavoz del grupo en el Congreso, Maribel Vaquero. “Si el Gobierno quiere aprobar un nuevo escudo social, debe incorporar garantías para los pequeños propietarios y así evitar dobles vulnerabilidades”, dijo. Al igual que Junts, los nacionalistas vascos creen que el Gobierno deja sin protección a los pequeños propietarios. “No se les puede equiparar con los fondos buitre o con grandes tenedores. Claro que hay que ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, pero debe hacerlo el Gobierno. Por eso pedimos que se les exonere de esta medida”, insistió Vaquero.
La medida, sin embargo, no afecta a los pequeños caseros, el caso típico del pensionista con dos viviendas. Para que pueda suspenderse el desahucio, el casero tiene que tener más de diez viviendas a su nombre o ser una persona jurídica, esto es, una empresa que gestione pisos o un fondo de inversión.
