El Partido Popular Europeo se ha unido con los grupos de la ultraderecha en la Eurocámara, Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE), para sacar adelante la normativa “más dura jamás planteada en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes”. Las ONG aseguran que la medida “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.
En un primer momento se estaba negociando una propuesta entre el grupo de los socialdemócratas y los liberales, pero ante el fracaso para llegar a un acuerdo, los Populares Europeos han presentado un texto alternativo del proyecto de ley, que ha sido respaldado por los grupos de extremaderecha.
La eurodiputada de los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha explicado que “el texto adoptado por el comité, con mayoría de derecha y extrema derecha, refleja una ideología racista y populista, y pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas. Los principios básicos del estado de derecho se ven ampliamente vulnerados. El PPE ha mostrado nuevamente que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha”.
Silvia Carta, responsable de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha comentado que “esta votación sella una alianza tóxica entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, después de semanas de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardas. Pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, de ser detenidas en toda Europa y permite que los Estados miembros separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado”.
La medida pone sobre la mesa actuaciones tan controvertidas como la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También convierte los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas en situación irregular. Con esta medida se amplía masivamente el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños: de 18 a 24 meses, con posibilidad de medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Además, va a exigir que los Estados miembros impongan restricciones geográficas para todas las personas en el procedimiento de retorno.
También Introduce medidas como prohibiciones de entrada de duración indefinida que podrían determinarse a nivel nacional (incluido “permanente” en casos donde se invoquen riesgos de seguridad), sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones “de emergencia” en las que se ignoren salvaguardas durante la detención, como limitar la revisión judicial de decisiones de detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comentado sobre la medida que “hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita. Es solo el primer paso, pero un gran paso. Europa empieza a reconocer el problema migratorio y a dotarse de herramientas para afrontarlo”.
Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, apunta que “la votación revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE. Desde marzo del año pasado, la Comisión, el Consejo y ahora el Parlamento Europeo han complacido voluntariamente los deseos de políticos extremistas en toda Europa. Ahora vemos que ni siquiera se requiere el respaldo de políticos centristas, y Europa legisla su propio marco estilo ICE”.
