Extremadura estrena legislatura este martes con la constitución de la Asamblea de Extremadura tras el adelanto electoral del pasado diciembre, que se saldó con una victoria insuficiente para el PP, obligado ahora a sentarse a negociar con Vox para conseguir la investidura de María Guardiola. Por lo tanto, la elección de la Presidencia y los miembros de la Mesa es más que un simple trámite burocrático. Se trata del termómetro o la prueba para comprobar las posibilidades reales de un pacto de Gobierno y hasta dónde ha resistido Guardiola frente a las exigencias de la extrema derecha.
La intención del PP ha sido en todo momento negociar en bloque con Vox, es decir, alcanzar un acuerdo global que incluya el reparto de sillones, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo regional, la incorporación de las políticas ultras al programa de gobierno y la aprobación de los presupuestos, de forma que Guardiola tuviera garantizada la legislatura completa. Por eso, un acuerdo en la Asamblea daría por sentado que ya existe un pacto para un Gobierno de coalición y para las cuentas.
Sin embargo, actualmente todas las posibilidades están abiertas. Vox ha comunicado este lunes al PP la suspensión de las conversaciones en un intento de presionar a Guardiola para obtener las competencias ejecutivas a las que aspiran y que pasan por una vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Industria y Educación. Pero si este martes persiste el bloqueo en la votación de la Presidencia de la Asamblea, las Vicepresidencias y Secretarías podría interpretarse como que el órdago de Vox va en serio, pero no necesariamente que el acuerdo es imposible.
Hace dos años, la falta de entendimiento hizo que la Presidencia de la Cámara fuera a manos del PSOE y que el partido ultra se quedara fuera de la Mesa. Fue entonces cuando María Guardiola dijo aquellas palabras sobre que no estaba dispuesta a dejar entrar en la Junta de Extremadura a un partido xenófobo, machista y racista, en referencia a Vox, para pocos días después hacer una rectificación histórica y conformar el primer Gobierno de coalición en la historia de la comunidad.
Y es que una vez constituidos el órgano legislativo autonómico, habrá un mes para la celebración del pleno de investidura, por lo que aún habría margen para el acuerdo, aunque bajo la desconfianza y tensión que ha caracterizado la relación entre PP y Vox en Extremadura desde la anterior legislatura y ahora también con la fuerza que le da al partido de Santiago Abascal el haber pasado de cinco a 11 diputados tras el adelanto electoral.
“Pasar por el aro”
De hecho, Abascal avisó a Guardiola durante la campaña extremeña de que tendría que “pasar por el aro” o volver a convocar a los extremeños a las urnas, sobre todo cuando se da por imposible la abstención de los 18 diputados del PSOE para permitir un Gobierno en minoría y en solitario del PP. “Si no quieres caldo, toma dos tazas”, advirtió Abascal a la candidata del PP tras conocer el resultado del 21D, que dejó a Guardiola a cuatro diputados de la mayoría absoluta.
A diferencia de 2023, las negociaciones comenzaron hace una semana con la invitación de la presidenta en funciones de la Junta a que Vox formara parte del Gobierno, algo que no solo aceptó la extrema derecha, sino que puso sobre la mesa hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en agricultura, educación, seguridad e industria. Pero, a diferencia de hace dos años, Vox no está dispuesto a quedarse con cualquier departamento, como cuando se sentó en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que Guardiola se sacó de la manga con competencias que antes estaban en Agricultura.
De hecho, Vox ha alegado como principal escollo del acuerdo la falta de fondos en las consejerías sobre las que tendría competencias. “Consejerías con presupuestos para hacer posible un cambio de políticas”, ha insistido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Pero el PP ha asegurado que el pasado viernes planteó una “propuesta razonable” que consistía en la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea, en el Gobierno y la aceptación de políticas que la extrema derecha defiende y todo ello “con las partidas presupuestarias para llevarlas a efecto”.
En este sentido, el PP asegura que el acuerdo programático “estaba avanzando” y las posturas se habían acercado como para pensar que las conversaciones iban a llegar “a buen término”. Cabe recordar, que Vox ha planteado medidas que han vuelto a poner a María Guardiola en el espejo de sus propias líneas rojas al exigir la reducción o eliminación de partidas de igualdad, de violencia de género, la reducción del número de diputados autonómicos, la derogación de la ley LGTBI, la expulsión de inmigrantes y la eliminación de las ayudas a sindicatos y patronal, entre otros aspectos fiscales donde la sintonía con el PP es más patente.
