El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que investiga un presunto delito de amenazas contra él por el linchamiento en la Nochevieja de 2023 frente a la sede socialista de la calle Ferraz de un muñeco que le representaba. Sánchez sostiene en su declaración que aquel acto fue “una apelación directa” a su muerte y que se trató “de una ceremonia de escarnio público y de violencia explícita” que excedió el derecho a la crítica.
Así consta en la declaración presentada por el jefe del Ejecutivo, que ejerce la acusación particular en esa causa, en la que indica que, si bien esa manifestación en apariencia había sido convocada como un acto lúdico y de protesta política —tomar las doce uvas ante la sede del PSOE—, ocultaba una acción perfectamente organizada de “violencia política e intimidación”. Para Sánchez, el encuentro convocado por Revuelta, la marca juvenil de Vox, desembocó “en una violenta manifestación de odio, con exhibición de símbolos preconstitucionales, coacciones y amenazas” dirigidos directamente contra él.
Lamenta que también “se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas” que alcanzaban incluso a miembros de su familia, y que el momento culmen de esa teatralización incluía que la figura representativa de su persona fuera “colgada de un semáforo, golpeada, apaleada y despedazada” mientras todo era retransmitido en directo a través de las redes sociales.
“Los actos eran una manifestación brutal de odio, encaminada a crear un clima de amenaza física real hacia mi persona y familia. El grado de violencia y amenaza directa excedía claramente los límites razonables del derecho a la crítica y a la protesta pública amparados por la libertad de expresión y manifestación. En ningún caso la amenaza, el odio organizado, el insulto, la insidia y la descalificación personal encuentran amparo en nuestra Constitución”, subraya Sánchez.
Ataque a los trabajadores del PSOE
El presidente del Gobierno indica que lo ocurrido en esa noche “no era una simple crítica” a su gestión política, sino “una proclamación expresa de odio” hacia su persona y hacia su familia. “Acompañada de ”una ceremonia de escarnio público y violencia explícita, que incluía una apelación directa a mi muerte“, señala. Y entiende que esa ”deshumanización“ no solo atentaba contra su propia dignidad, sino que podía ”legitimar la comisión de actos violentos contra personas y espacios“ vinculados al PSOE. ”Tuve la íntima convicción de que esos hechos suponían un salto cualitativo. Y que suponían una invitación real para que alguien se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real“, añade.
En este sentido, en la declaración firmada de su puño y letra, y fechada el pasado 27 de febrero, el jefe del Ejecutivo indica que “el perjuicio sufrido es (…) irreparable” y que ese apaleamiento público de una piñata con su figura supone “un salto sin precedentes desde el terreno de lo virtual al de lo real” que no se ha vivido con anterioridad. Y advierte de que la violencia verbal y la violencia representada “siempre anteceden a la violencia física” y afecta tanto al conjunto de la organización política de la que es secretario general como al simpatizante y al militante anónimo.
Cree, de este modo, que no es a Pedro Sánchez “a quien se estaba colgando, apaleando y quemando en público” sino a quienes exhiben sintonía o militancia con el proyecto político que representa y, especialmente, a los trabajadores que desempeñan su labor en la sede del partido y que no cuentan con medio alguno de protección a su integridad. “Desde entonces, temo por la seguridad de todos ellos”, apuntala.
Sánchez concluye su testifical escrita advirtiendo de que esa amenaza personal es también una amenaza colectiva, y avisa de que “la simbología del terror nunca ha sido una expresión inocente”. “Por desgracia, para los españoles es una lección duramente aprendida”, remarca.
La causa en la que ahora ha testificado Sánchez se reabrió por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Madrid en julio de 2025 después de que la instructora acordara el archivo al entender que “la falta de educación no es delito”. El tribunal, que enmendó esa decisión, acotó el delito investigado al de amenazas, descartando delitos de odio y de injurias. Además, rechazó la petición de la representación legal de Sánchez y del PSOE de que el asunto acabara siendo ventilado en la Audiencia Nacional.
