El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF alcanzan un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos, que verán incrementada su nómina en un 11% de aquí a 2028. El principal escollo en la negociación era el tope del 4% acumulado que el Ejecutivo había puesto para el año 2025, pendiente de actualización, y 2026, y que la mayoría sindical no aceptaba al considerar que se perdería poder adquisitivo. Finalmente, este asunto, que había bloqueado las conversaciones desde el lunes, se ha salvado con un variable del 0,5%, que se cobrará el próximo año si la inflación es igual o superior al 1,5%.
El acuerdo, que se firmará este jueves, contaba ya con el visto bueno de UGT, que ratificó la decisión en su Consejo Federal el pasado viernes, y tras una reunión que se ha alargado durante más de cuatro horas, se ha sumado CSIF. CCOO, por su parte, ha evitado pronunciarse y ha pedido más tiempo para tomar una decisión. El Ministerio de Función Pública ha indicado que este acuerdo “supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028”.
De esta forma, los tres millones y medio de empleados públicos verán incrementada su nómina en un 2,5%, con carácter retroactivo, para este 2025, y en un 1,5% para 2026, que sumaría un 0,5%, dependiendo de lo que marque el IPC el próximo año y que, en cualquier caso, se pagaría con efecto retroactivo durante el primer trimestre de 2027. Por el momento, las estimaciones de inflación previstas para este ejercicio están entre el 2,7 y el 2,9% y, según las previsiones del Banco de España, el próximo rondaría el 2%.
Para los siguientes dos años, el reparto de ese 6,5% restante sobre el 11%, que el Ministerio de Función Pública ofreció ya la semana pasada como “inamovible”, según trasladaron los sindicatos, se repartiría en un 4,5% para 2027 y en un 2% para 2028.
Para el abono del aumento del 2,5% para 2025, que se pagará con carácter retroactivo, el Ministerio ya se había comprometido este lunes, si prosperaba el acuerdo, a llevar a Consejo de Ministros un Real Decreto que permitiera realizar la totalidad de esas cuantías a lo largo de este mes de diciembre.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, defendió a la salida de la reunión que se trata de “un gran acuerdo”, que “garantiza el poder adquisitivo” y permite “recuperar en torno a 2,9” puntos. Además, ha señalado que “termina con la tasa de reposición, las ofertas públicas de empleo se van a ejecutar en un año y la administración está preparada para recibir a los nuevos y promocionar a los que están dentro”.
Los sindicatos que han comprometido su firma al acuerdo, UGT y CSIF, estiman ademas que la subida de ese 11% acumulado en cuatro años, y que supone un total de unos 22.000 millones de euros, llegará al entorno del 11,5%, si se tienen en cuenta los desplazamientos salariales.
Desde CSIF, destacan que este “es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas” y celebran también las “mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos y movilidad” y en la agilización de los procesos selectivos o la eliminación de la tasa de reposición, así como la adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales y mejoras en la jubilación, “así como desbloquear las 35 horas y la regulación del teletrabajo en al AGE”.
La subida salarial se enmarca en las negociaciones para un nuevo acuerdo plurianual, hasta 2028, que comenzaron de forma oficial el pasado 5 de noviembre. En las últimas semanas, el Ministerio ha abordado con los sindicatos cuestiones relativas al empleo y las condiciones laborales, donde ha habido buena sintonía, mientras las conversaciones en materia retributiva se iniciaron el pasado miércoles, con una oferta del 10% en cuatro años, incluyendo el ejercicio de 2025, pendiente de actualización.
Desde entonces, se han intensificado los contacto. El jueves 20, un día después de la primera oferta, el Gobierno elevó la cuantía total al 11%, unos 22.000 de euros en total en todo el periodo. Ese esfuerzo contentó a UGT, cuyo Consejo Federal de Servicios Públicos dio por bueno aquella misma tarde. Pero el acuerdo se atascó en torno al 4% acumulado entre 2025 y 2026 que el Ejecutivo ponía como tope, con un 2,5% y un 1,5%, respectivamente, algo que CCOO y CSIF consideraban insuficiente.
