A pesar de las negociaciones que el Gobierno labró hasta el último momento este martes, el decreto del escudo social caerá con toda probabilidad por la negativa de Junts. La solución que había encontrado Moncloa para combinar los intereses de la complicada mayoría que lo apoya fue formular la próxima votación en dos decretos. Por un lado, la revalorización de las jubilaciones, que cuenta con respaldo suficiente y, por otro, el resto de las medidas. Pero a pesar de los cambios introducidos en estas últimas horas, los independentistas catalanes trasladan que votarán en contra de ese segundo decreto, que contiene la moratoria para suspender los desahucios a familias vulnerables. Moncloa aún confía en las últimas horas y señala: “Partido a partido”.
Durante el fin de semana y, sobre todo, a lo largo del lunes, los negociadores del Gobierno multiplicaron las conversaciones con sus socios para intentar encontrar una salida política a la votación de la semana pasada en el Congreso. Pedro Sánchez llevó en un mismo decreto, igual que en años anteriores, la revalorización de las pensiones al 2,7% al lado de un paquete de medidas diversas, agrupadas en el denominado escudo social, que abarcan desde ayudas a los afectados para la dana a la prohibición del corte de suministro para consumidores vulnerables.
Pero en el compendio de medidas, había una que escamaba especialmente a la derecha, movilizada en los últimos años por el supuesto problema de la okupación. El decreto contenía una protección contra las personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler para evitar que sean desahuciadas, una medida que se implementó en la pasada legislatura y se ha ido postergando mediante decretos todos estos años. Tanto el PP como Junts pusieron esa protección como excusa para votar en contra de las pensiones y forzar al Ejecutivo a reformular su estrategia.
Por eso en las últimas horas, el PSOE estuvo en conversación a varias bandas para tratar de encontrar una solución asumible para todas las partes del ecléctico bloque de investidura, desde Podemos hasta Junts. Una vía que estuvo encima de la mesa en los primeros compases fue la de separar las medidas, pero de una forma distinta: un bloque con las pensiones y la mayor parte del escudo social y otro decreto aparte con la moratoria antidesahucios.
Una fórmula que no convencía a Sumar, que trató hasta poco antes del Consejo de Ministros de incorporar la moratoria al resto del escudo social. En la coalición de Yolanda Díaz tenían claro que si el Gobierno llevaba un decreto separado con la protección contra los desahucios, la derecha tendría muy sencillo tumbarlo. “Era muy importante que esa medida no se desgajara del escudo social para no facilitar a la derecha tumbarlo”, celebró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras la aprobación de los dos paquetes.
El Gobierno ha conseguido así salvar al menos uno de los dos decretos, el que contiene la revalorización de las pensiones, que al votarse de forma separada al resto de medidas contará con el apoyo de Junts y a la espera del PP, que no ha desvelado todavía qué hará cuando se voten ambos decretos en el Congreso. El partido de Alberto Núñez Feijóo también había pedido una votación separada de las medidas.
Lo que no ha conseguido resolver el Gobierno de momento es el apoyo para el escudo social, sumido en la disyuntiva sempiterna de la legislatura entre la izquierda y la derecha del bloque de investidura, la tensión ideológica entre Podemos y Junts.
El Ejecutivo intentó una vía intermedia a través del Partido Nacionalista Vasco para atraer a los independentistas catalanes. Los nacionalistas anunciaron a primera hora un acuerdo para suavizar la protección contra los desahucios y excluir a los propietarios de hasta dos viviendas (una para residencia habitual y una para alquiler). Según el grupo vasco, será el Gobierno el encargado de ofrecer una alternativa habitacional para estos inquilinos. Aunque en Moncloa no saben cuantificar a cuánta gente dejará desprotegida esta medida, el ministro Urtasun aseguró este martes que se trata de una parte “muy pequeña” del mercado.
El anuncio soliviantó a Podemos, que llegó a calificar el acuerdo de “criminal”. “A consecuencia de este pacto criminal va a haber muchas personas desprotegidas”, dijo la secretaria general del partido, Ione Belarra, que no adelantó su posición sobre el decreto hasta ver la letra del decreto, aunque advirtió que lo que han escuchado no les suena bien.
Pero tampoco con esta vía el Gobierno ha asegurado el apoyo de Junts, que en voz de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, calificó lo anunciado de “tiritas”. Fuentes del partido confirman a este diario que votarán en contra de la medida, con lo que, salvo una ayuda inopinada del PP, el decreto caerá en el Congreso.
Moncloa confía en amarrar los apoyos
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, evitó dar por hecho que el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para que el decreto salga adelante. No obstante, en Moncloa confiaba este martes en que los tenga tras haber rebajado la ambición al limitar la prohibición y dejar fuera a los casos en los que los propietarios tengan una o dos viviendas. “Intentamos llegar a un texto que concite el mayor apoyo parlamentario posible”, señalaban fuentes gubernamentales sobre las modificaciones que se han incluido para seducir al PNV, y también a Junts, antes de conocer su negativa.
Lo que dejan sin responder es si convencerán a Podemos dadas las críticas por los cambios. “Hablamos antes, durante y después”, se limitan a decir en Moncloa, donde consideran, no obstante, que el decreto tiene ahora más posibilidades de salir adelante que la semana pasada, cuando se topó con el rechazo de los neoconvergentes: “Hemos hablado con todos los grupos menos con Junts. Se ha hecho lo que consideramos que tenía más consenso”.
“Llevamos unas medidas con un diseño que no salieron, y hemos aprobado unas medidas que esperamos que conciten la mayoría parlamentaria. Llevamos una propuesta que creemos que convence”, señalan esas fuentes que lanzan la pelota al tejado de los grupos que ahora muestran reticencias: “Aquellos que vayan a votar que no son los que tienen que dar las explicaciones”.
Eso vale tanto para Junts, si se mantiene en el ‘no’, como para Podemos, si sus críticas se convierten en un voto negativo, pero públicamente las tintas las cargan contra el PP. “Yo preguntaría, por ejemplo, al Partido Popular, ¿qué le parece mal? ¿Qué le parece mal de proteger a los más vulnerables, por ejemplo, para hacer frente a la factura de la luz o del agua?”, ha preguntado la portavoz.
