A pesar de los 483.000 abortos inseguros que cada año se producen en Europa, según la World Health Organization, o que más de 1,1 millones de firmas recogidas en toda la UE respaldaban la iniciativa “My Voice, My Choice”, la Comisión Europea ha decidido quedarse con los brazos cruzados por este derecho de la mujer. La iniciativa pedía a la Comisión que ofreciera apoyo financiero a los Estados miembros que pudieran realizar interrupciones seguras del embarazo, conforme a su legislación nacional, para cualquier persona en Europa que todavía no tenga acceso a un aborto seguro y legal. La Comisión se ha quedado solo con buenas palabras y poco más.
El Parlamento Europeo ya aprobó la la resolución “My Voice, My Choice”, con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones, con lo que ahora le tocaba dar un paso a la institución comunitaria que preside Ursula Von der Leyen.
Sin embargo, la Comisión Europea se escuda en que la creación de un fondo con este objetivo “implica que cualquier mecanismo de financiación de la Unión Europea debe mantenerse totalmente neutral en cuanto al lugar de origen o residencia de las pacientes y no puede dirigirse específicamente a mujeres de Estados miembros donde el aborto en cuestión no sería legalmente posible”.
Para la Comisión es suficiente para respaldar que las mujeres puedan abortar con seguridad que “los Estados miembros pueden recurrir a los instrumentos europeos existentes para mejorar el acceso en igualdad de condiciones a servicios de atención sanitaria legales, asequibles y disponibles, incluidos los servicios de aborto seguro”. Según Bruselas, se puede encontrar apoyo de la UE “a través del programa European Social Fund Plus (ESF+), si los Estados miembros así lo desean, de forma voluntaria y de acuerdo con su legislación nacional, utilizando o reasignando los recursos disponibles en sus programas del ESF+, que podría utilizarse para mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a servicios de aborto legales, asequibles y seguros”. Es decir, nada nuevo.
Al final, lo que se temían las 300 organizaciones sociales que respaldan la iniciativa ha ocurrido. “Si la Comisión Europea se niega, 20 millones de mujeres se quedarán sin acceso al aborto seguro, condenadas a morir en camas de hospital en lugar de recibir atención médica que les salve la vida. Si dicen que sí, habremos ganado. El aborto seguro se convertirá en una realidad para todas las mujeres de la UE”, apuntaron en un comunicado desde “My Voice, My Choice”.
Joanna Scheuring-Wielgus, eurodiputada del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo, declaró que la iniciativa “no se trata de ideología, sino de salud, dignidad y la vida de las mujeres europeas. Después de que un millón de ciudadanos hayan hablado, es hora de que la Comisión cumpla”.
“Esta iniciativa responde a una realidad cotidiana que viven miles de mujeres. Cada día, mujeres de toda Europa, incluida la de mi país, Polonia, cruzan las fronteras para recibir la atención sanitaria que se les niega en su país, a menudo recurriendo a ONG, voluntarios y clínicas extranjeras para cubrir los costes”, añade la parlamentaria europea polaca.
De hecho, Malta prohíbe el aborto y en Polonia está muy restringido legalmente. En otros países europeos como Italia, Croacia y Eslovenia, la dificultad llega por los estrictos plazos y porque los médicos se acogen a la objeción de conciencia para practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
Los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo así como asociaciones ultras cristianas han calificado la medida como “turismo abortivo”, a la vez que han solicitado que se mantenga “el respeto a la soberanía nacional y los límites jurídicos de la UE”.
