▲ REUNIÓN SHEINBAUM-STEINMEIER. El mandatario alemán, Frank-Walter Steinmeier, destacó ayer, al término de la reunión privada con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo –y el encuentro entre empresarios de México y Alemania–, que personas de negocios de su país confían en el entorno económico mexicano para invertir. En Cancún, Quintana Roo, se pronunció a favor de que el acuerdo entre la Unión Europea y México se firme el próximo mes. En tanto, la presidenta Sheinbaum afirmó que ambas naciones tienen gran oportunidad con la actualización del tratado, que ya fue negociado, acordado y que está por firmarse (en mayo, prevé).Foto Presidencia, con información de la corresponsal Patricia Vázquez
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ado que el gobierno federal mexicano los ha abandonado inequívocamente y pretende sentenciarlos a que acepten la instalación de facto de una empresa altamente contaminante, una comisión de los defensores de la sinaloense bahía de Ohuira inician hoy una agenda internacional de trabajo en Europa, para “visibilizar la situación socioambiental que enfrenta nuestro territorio y fortalecer redes de solidaridad y diálogo en torno al proyecto de muerte de la trasnacional suiza alemana Proman AG, una planta de amoniaco de 2 mil 200 toneladas diarias en un sitio Ramsar”.
La sostenida lucha de miembros de las comunidades yoremes de la bahía de Ohuira y del Colectivo Ecológico ¡Aquí No! ha sido sistemáticamente ignorada por autoridades del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (en específico, por María Luisa Albores y por Adán Augusto López Hernández, entonces titulares de las secretarías del Medio Ambiente y de Gobernación) y, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, por Alicia Bárcena, titular de Semarnat.
El 16 de mayo de 2025, el autor de estas líneas presentó a la presidenta Sheinbaum, en su conferencia mañanera de prensa, la relatoría de las irregularidades e ilegalidades cometidas, con el señalamiento concreto de que el gobierno federal está litigando contra las comunidades de la bahía. La Presidenta dijo que no podía aceptar tal señalamiento e instruyó expresamente “al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a Alicia (Bárcena, titular de Semarnat) que se acerquen a estas comunidades de Sinaloa”. Se le preguntó de inmediato si la secretaria Bárcena podría ir a dialogar con los defensores del territorio: “Sí, ella podría visitar, no hay ningún problema”, respondió Sheinbaum. “Pues, ojalá se atienda”, cerró su participación el tecleador desmañanado.
Nada se atendió. Alicia Bárcena prometió de viva voz visitar las comunidades directamente afectadas y hasta la fecha no lo ha hecho. La presidenta Sheinbaum sigue empeñada en que avance esa planta de amoniaco como parte de los intocables “polos de desarrollo” neoliberales (ya se ha anunciado un tercer proyecto tóxico allá: una planta productora de metanol).
En los hechos, se ha confirmado que el gobierno federal litiga en contra de las comunidades al refugiarse en trampas legaloides empresariales, con la Semarnat en inalterable actitud cómplice, manteniendo permisos y autorizaciones, en espera de ir a Ohuira, pero no para dialogar con las comunidades ni tratar de evitar los daños sino, tal vez, para cortar alegremente el listón inaugural de la planta tóxica.
Ante ello, la comisión integrada por Claudia Quintero, Melina Sandoval y José Luis Luna, auspiciados por colectivos europeos, iniciarán hoy su agenda en Alemania, sede del Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), financiador de la planta de amoniaco en abierta violación de sus códigos respecto a derechos humanos y medio ambiente.
En un comunicado difundido anoche, se establece que “mientras tanto, en México, las y los integrantes del movimiento comunitario continúan ejerciendo su derecho a la defensa legal por las vías institucionales correspondientes, en apego al estado de derecho y a los principios de legalidad, transparencia y acceso a la justicia”.
Especial cuidado merece este párrafo (la Presidencia de la República debería atenderlo): “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades, a las empresas involucradas y a sus representantes legales, para que se conduzcan con estricto apego a la ley y se abstengan de cualquier acto que pudiera interpretarse como intimidación, presión o vulneración de los derechos de las personas defensoras del territorio”.
Pudiera ser que además de las amenazas directas y constantes a la integridad física de los defensores de la bahía, al abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno y al control mediático en torno al asunto, se pretendiera abrir flancos judiciales para amedrentar al movimiento de resistencia con acusaciones y procesos desde los poderes coludidos. ¡Hasta el próximo lunes!
Facebook: Julio Astillero
