▲ Grupo México, de Germán Larrea, sólo ha cubierto la tercera parte del monto prometido para las labores de remediación por el derrame de 2014.Foto Marco Peláez
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ada novedoso (parece que alguien todavía “confía” en la “buena voluntad” de ciertos barones), porque, entre lo más reciente, y solo como ejemplo, lo hizo Alonso Ancira (quien defraudó al Estado con Agronitrogenados y quebró Altos Hornos de México); lo hizo Ricardo Salinas Pliego (“díganme cuánto es y en 10 días pago los impuestos”) y en reiteradas ocasiones lo ha hecho el tóxico Germán Larrea (Pasta de Conchos, Río Sonora, Mar de Cortés, tres huelgas mineras) y todos, apostando al olvido, incumplieron descaradamente su “compromiso” de resarcir el daño por ellos causado.
Por ello, no es gratuito que ayer la presidenta Sheinbaum reiteró que Grupo México, propiedad del tóxico Larrea, sólo ha depositado 500 millones de pesos de los mil 500 millones que se “comprometió” a entregar para resarcir el daño ecológico que empresa Buenavista del Cobre causó (6 de agosto de 2014) por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi que contaminó 270 kilómetros cuadrados de territorio sonorense, afectó a ocho municipios y a cerca de 25 mil pobladores de la zona, lo que fue catalogado como “el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México”.
El pasado viernes, la mandataria anunció que Grupo México “acaba de depositar 500 millones de pesos” (de un total de mil 500 millones “comprometidos” por el barón para resarcir los daños causados aquel 6 de agosto de 2014), algo que debió hacer desde diciembre de 2025 cuando el gobierno federal dio a conocer el Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social en Cananea.
Pero, como buen mezquino que es, en el aire permanecen los mil millones de pesos adicionales y el barón seguirá fingiendo demencia si la autoridad no está atenta. Por ello, ayer la mandataria no sólo recordó este asunto, sino que fue tajante: el depósito del dinero faltante Grupo México “¡tiene que hacerlo ya!”. De no proceder en tal sentido, el tóxico Larrea deberá enfrentar las consecuencias de la denuncia penal que en su contra presentó el gobierno federal desde 2023, la cual, todo indica, navegó por el mar de la negligencia del ex fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien premiaron con la embajada mexicana en Londres.
Recuérdese que en connivencia con Enrique Peña Nieto y su pandilla, se creó el Fideicomiso Río Sonora con fondos por 2 mil millones de pesos que se destinarían a la “remediación” de las áreas y personas afectadas por el citado derrame. Eso fue en septiembre de 2014 y nada se “remedió”. De hecho, sólo depositó la mitad (en dos tramos de 500 millones cada uno) y cínicamente en 2017 el gobierno peñanietista dio por concluidas las tareas, porque que “se han cumplido todas las metas”.
En realidad, los “pendientes” del tóxico Larrea son muchísimos: entre otros, un centro de monitoreo; remediación ambiental del suelo; medición permanente de la salud de los habitantes que viven alrededor; nuevo hospital general en la ciudad de Ures; unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico; laboratorio especializado en metales pesados; construcción de 16 potabilizadoras e instalación de igual número de sistemas de desinfección; y rehabilitar las 6 potabilizadoras existentes.
Y eso sólo en el caso del derrame tóxico de la empresa Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora. No hay que olvidar que 20 años atrás (mañana 19 de febrero es el aniversario) tanto Larrea como el entonces inquilino de los Pinos, Vicente Fox, cerraron la búsqueda de los 63 mineros fallecidos, pero se “comprometieron” a que “en tres días retomaremos los trabajos de rescate e investigaremos a fondo lo sucedido”, lo que nunca hicieron. Simplemente se lavaron las manos y ahí los dejaron sepultados (lo mismo que Calderón y Peña Nieto). Por cierto, Germán Larrea fue uno de los barones que mayor “aportación” financiera realizó a la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún.
Ante tal situación, el Sindicato Nacional de Mineros retomó una iniciativa de ley, presentada por su dirigente, el diputado Napoleón Gómez Urrutia, para que el Código Penal Federal incluya la figura de “homicidio industrial”, para responsabilizar por muerte de trabajadores derivada de incumplimientos graves y negligentes en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo, imputables a quienes dirigen, administran u ostentan el carácter de patrón, empleador o superior jerárquico.
Las rebanadas del pastel
Sigue la opereta golpista en Perú: el Congreso destituyó al “presidente” interino José Jerí, quien a duras penas permaneció cuatro meses en el puesto. Es el “mandatario” número ocho en 10 años.
X: @cafevega
