▲ El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización Familia Pasta de Conchos presentaron el documental En el desierto, la esperanza florece, que narra la lucha de las familias de los mineros que perecieron hace 20 años.Foto Germán Canseco
A
yer se conmemoró el vigésimo aniversario luctuoso de la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 mineros, de los que 38 han permanecido bajo toneladas de rocas (se han recuperado 25 cuerpos y 23 han sido identificados), producto de una explosión que debió ser evitada si Grupo México hubiera invertido en seguridad y atendido las advertencias en la materia que constantemente le hiciera el Sindicato Nacional de Mineros y el corporativo desoyó permanentemente. Es decir, no fue un “accidente”, como pretextaron el tóxico Germán Larrea y la pandilla neoliberal, sino un descarado homicidio industrial.
Ayer, en uno de los actos conmemorativos, los deudos de los mineros fallecidos consideraron que “la recuperación de cuerpos en Pasta de Conchos es un triunfo ante la impunidad de Grupo México”, pero en los hechos el tóxico Larrea se mantiene intocado, porque el rescate de (hasta ahora) 25 cuerpos no ha sido, ni lejanamente, gracias a la “buena voluntad” del barón, sino consecuencia del compromiso presidencial (primero López Obrador y, después, el seguimiento de Sheinbaum) de lograr la recuperación total.
Entonces, los avances registrados en la recuperación de los restos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 han sido por la intervención del Estado (el mismo que aborrecen personajes como el tóxico Larrea, quien permanentemente se ha negado al rescate, siempre cobijado por la pandilla neoliberal), la inclaudicable presión de los deudos y la perseverancia del Sindicato Nacional de Mineros. Atribuírselos a Grupo México sólo es otra tomadura de pelo de uno de los más detestables corporativos que operan en el país.
Legal y éticamente (aunque de esto Larrea no sabe nada ni le interesa, amén de que no le importa en lo absoluto), el rescate de las víctimas de aquella explosión correspondía a Grupo México, pero en su tajante negativa de proceder en tal sentido llegó a ampararse para que (al estilo de Ricardo Salinas Pliego) los “amigos” de la “justicia” lo protegieran. Y lo hicieron.
De hecho, llegó el momento en el que, ante la constante presión, el tóxico cuan impune Germán Larrea sin más decidió “regresar” la concesión que el Estado le dio para explotar carbón en Pasta de Conchos. Lo anunció, y a propios y extraños les dijo: “¿Quieren rescatarlos? Háganlo ustedes; yo, no”. Y desvergonzadamente aventó la papa caliente y se lavó las manos. Fue entonces que, por instrucciones del entonces presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad comenzó los trabajos de recuperación de los restos mortales, una labor difícil pero constante. Por supuesto, falta camino por recorrer, pero si los deudos hubieran dependido de una decisión de Grupo México, entonces permanecerían en perpetua espera (el barón, propietario de la segunda mayor fortuna del país, siempre dijo “no tengo dinero” para recuperar los restos mortales).
Entonces, el rescate de los restos de los mineros es, sin duda, un “triunfo” (aún no total), como lo califican los deudos, pero ni lejanamente puede afirmarse que esta victoria permitió acabar con la impunidad del tóxico Larrea (que se mantiene sin responsabilidad legal en todo esto; la “justicia” nunca lo ha tocado), quien, dicho sea de paso, ordenó cancelar la búsqueda y recuperación apenas cinco días después de la explosión, y para ello contó con el descarado apoyo del entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, y su pandilla de funcionarios (los mismos que “respondieron” a los deudos aventándoles al Ejército). Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no hubo cambios y los mineros permanecieron enterrados y sin visos de solución. Con López Obrador cambió la situación, aunque cierto es que mantuvo intocado al responsable.
No es gratuito, pues, que el dirigente nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, haya presentado –por medio de su suplente en la Cámara de Diputados– una iniciativa de ley para tipificar el homicidio industrial –como el cometido por Larrea y Grupo México en Pasta de Conchos– para que las empresas enfrenten responsabilidad penal cuando mueran trabajadores como consecuencia de omisiones en seguridad. Y lo sucedido en aquella mina 20 años atrás es prueba más que suficiente para que tal iniciativa sea aprobada a la brevedad posible. A menos, claro está, que la clase política se empecine en mantener impune a ese barón y a tantos otros.
Las rebanadas del pastel
En síntesis: 20 años de impunidad por Pasta de Conchos, 19 por las huelgas mineras, 12 por el derrame tóxico en el río Sonora, siete por el derrame en el Mar de Cortés y tantos otros “pendientes”. ¿Hasta cuándo?
X: @cafevega
