Una población sometida durante años a trabajo forzado y vigilancia permanente suele acumular tensiones que tarde o temprano buscan una salida. En muchas colonias americanas del siglo XVIII, los esclavos negros vivían bajo normas que limitaban sus movimientos, sus reuniones y su posibilidad de organizarse, mientras sus amos controlaban el trabajo y castigaban cualquier desobediencia.
En ese contexto no resulta extraño que algunos vieran la rebelión como una salida posible frente a la violencia cotidiana que imponían sus amos. La posibilidad de arrasar propiedades o castigar a los dueños formaba parte de los temores habituales de las autoridades coloniales, que temían que una chispa bastara para convertir el resentimiento acumulado en un levantamiento real.
Una serie de fuegos urbanos desató un proceso judicial masivo
Los incendios registrados en Nueva York en 1741 desencadenaron una investigación judicial dirigida por el juez colonial Daniel Horsmanden que terminó con una ola de acusaciones y ejecuciones contra esclavos y algunos blancos pobres.
El proceso se desarrolló durante meses y reunió decenas de testimonios que hablaban de un supuesto plan para incendiar la ciudad y matar a los colonos. Muchos historiadores consideran que aquellas confesiones nacieron bajo presión o incentivos. Aun así, las autoridades coloniales actuaron como si existiera una conspiración real.
La ciudad vivía entonces una situación social muy tensa. Manhattan tenía cerca de 10.000 habitantes y aproximadamente uno de cada cinco era esclavo, lo que convertía a la colonia en una de las comunidades con mayor presencia africana en las Trece Colonias.
Ese grupo trabajaba en oficios urbanos, en talleres y en tareas domésticas, y algunos artesanos enseñaban a los esclavos sus habilidades para abaratar costes laborales. Los libertos tampoco escapaban a la presión económica, porque debían aceptar salarios bajos para conseguir empleo. A todo ello se sumó un invierno especialmente duro en 1740, con frío intenso y escasez de alimentos y leña.
Un magistrado centró la investigación en una taberna frecuentada por pobres
La alarma empezó cuando se produjeron varios incendios en la primavera de 1741 en el bajo Manhattan. Uno de ellos alcanzó la casa del gobernador George Clarke, situada junto al fuerte defensivo conocido como Fort George. En pocas semanas se registraron hasta 13 fuegos en distintos edificios, algo que alimentó la sospecha de sabotaje. En una ciudad levantada en gran parte con madera y llena de chimeneas, los accidentes no eran raros. Sin embargo, el clima político convirtió cada eventualidad en un posible acto de rebelión.
La investigación recayó en el magistrado Daniel Horsmanden, que organizó interrogatorios para encontrar responsables. El juez centró su atención en una taberna propiedad de John Hughson, donde se reunían esclavos, soldados y gente pobre.
La sirvienta del local, Mary Burton, de dieciséis años, se convirtió en testigo principal. Durante los interrogatorios afirmó que existía una trama organizada en la taberna y que algunos esclavos planeaban incendiar edificios y matar colonos.
Las denuncias crecieron cuando se ofrecieron recompensas por acusar
Las acusaciones crecieron con rapidez. Burton señaló a varios esclavos y también implicó a personas blancas, entre ellas una prostituta irlandesa llamada Margaret Sorubiero. Para conseguir testimonios, las autoridades ofrecieron recompensas económicas. Un testigo blanco podía recibir 100 libras, mientras que un esclavo obtendría la libertad si aportaba información. Esa presión produjo una cadena de denuncias. Algunos acusados terminaron confesando tras sufrir amenazas o castigos.
El resultado fue devastador. En total se arrestó a 152 esclavos y a veinte blancos. Por otra parte, 34 personas fueron ejecutadas, entre ellas John Hughson, y 17 afroamericanos murieron en la horca y 13 fueron quemados en la hoguera. Otros 70 esclavos fueron enviados a colonias del sur o a las Indias Occidentales. Mary Burton obtuvo la recompensa prometida y desapareció después de cobrarla.
La persecución también alcanzó a John Ury, un maestro acusado de ser sacerdote católico y espía al servicio de España. Durante el juicio negó las acusaciones y declaró que era clérigo anglicano. Según el propio Ury, “soy un profesor de lenguas clásicas y no un sacerdote escondido”. Ningún abogado aceptó defenderlo y terminó ejecutado.
La tensión internacional también influyó en el clima de miedo. Gran Bretaña estaba en guerra con España en el conflicto conocido como Guerra del Asiento. Ese enfrentamiento se había iniciado tras un incidente con el contrabandista inglés Robert Jenkins. Un guardacostas español le cortó una oreja y lo envió de vuelta con un mensaje dirigido al monarca británico. Según el relato difundido en Inglaterra, el marino dijo “ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve”.
Ese ambiente bélico alimentó la sospecha de que potencias rivales podían fomentar disturbios dentro de las colonias británicas, una idea que llevó a algunos colonos a interpretar los incendios y las denuncias de conspiración como parte de un posible sabotaje.
El proceso se detuvo cuando las acusaciones alcanzaron a gente influyente
Con el paso de los meses, las acusaciones empezaron a implicar a personas de posición social elevada. En ese momento las autoridades optaron por detener las investigaciones. Las cárceles estaban saturadas y las pruebas seguían siendo frágiles. El proceso se suspendió en agosto de 1741 sin un veredicto final que confirmara la existencia de una conspiración.
Años después, el propio Daniel Horsmanden publicó en 1744 un libro titulado A Journal of the Proceedings in the Detection of the Conspiracy, donde defendió la actuación del tribunal y presentó los juicios como una respuesta necesaria ante una amenaza. Muchos investigadores actuales consideran que la llamada conspiración nunca existió y que la ciudad vivió una persecución alimentada por el miedo, las tensiones sociales y el contexto de guerra.
