PP, Vox y Junts han impedido este martes que se tramite en el Congreso una ley de Sumar para crear un organismo independiente de lucha contra la corrupción. La iniciativa es una de las principales ideas que puso el grupo de Yolanda Díaz sobre la mesa cuando estalló el caso Koldo y que volvió a retomar tras el escándalo de Santos Cerdán.
La ley planteaba la creación de un organismo de carácter “preventivo” pero que tenga capacidad para abrir investigaciones tanto en instituciones públicas, como en partidos, sindicatos y empresas que reciban subvenciones del Estado. La votación ha terminado con los 176 votos en contra de las derechas, 170 apoyos y una abstención.
Por un lado, planteaba la creación de un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades o malas prácticas administrativas y prevé elabora una “estrategia integral de prevención de la corrupción”. Pero también buscaba investigar de motu proprio. Los funcionarios de este organismo, plantea el texto de Sumar, podrán ejercer funciones de “investigación e inspección”, podrán personarse en cualquier dependencia de “administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público” para “realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos”.
Nada de esto entrará de momento en vigor, pese a que la creación de un organismo como este es una de las medidas contra la corrupción que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia el 9 de julio en el Congreso, tras el estallido del caso Cerdán. Los socialistas han votado a favor de la medida, aunque algunas fuentes del grupo reconocían en privado que este no era el mejor momento para llevar un tema como este, menos aún después de que el Gobierno haya encontrado viento de cola con la cuestión de Israel.
Igual que la semana pasada con la reducción de la jornada laboral, PP, Vox y Junts han articulado de nuevo una mayoría negativa para frenar esta iniciativa, aunque lo han hecho por motivos diferentes. En privado, los independentistas catalanes aseguraban esta tarde que después de estudiar el texto la medida desprendía un fuerte “tufo recentralizador”.
“El estado no puede pretender dar lecciones de integridad mientras mantiene estructuras opacas y ajenas a cualquier control democrático, como la corona, el CNI, los fondos reservados, las cloacas judiciales y del Ministerio del Interior, y no vemos que esta proposición de ley pueda poner fin a esa opacidad, no se puede donar lecciones de integridad desde el régimen del 78, que ha indultado a 227 condenados por corrupción”, ha defendido el diputado posconvergente Josep Pagès.
El PP no ha querido entrar en el contenido de la ley para mostrar su oposición durante el debate y ha preferido acusar a Sumar de sostener a un gobierno corrupto. “Señorías de Sumar, ¿quieren ustedes de verdad colaborar a regenerar nuestra democracia? Pues bien, sean coherentes, comiencen por condenar su propia corrupción, salgan del Gobierno y después respeten y apoyen el trabajo de los jueces que luchan contra la corrupción. Y solo entonces ustedes tendrán credibilidad para presentar una proposición de ley contra la corrupción”, ha criticado la diputada Edurne Uriarte.
