Hace dos semanas, una profesora de Gran Canaria recibió un mensaje de despedida: “Quiero decirte que mañana me voy a Las Palmas y, después, a la Península, a cualquier parte, no lo sé”. En el audio, Alioune* cuenta que, después de dos años en la isla, será trasladado al centro Canarias 50 de la capital en el marco de las reubicaciones de menores refugiados ordenadas por el Tribunal Supremo. “Tengo que ir. No puedo romper las normas. Yo quiero continuar mis estudios, sacar este curso y quedarme en Canarias, pero así es la vida”, dice.
Vecinos y vecinas de la isla se han movilizado en los últimos meses para exigir a las autoridades competentes, el Gobierno de Canarias y el Estado, que revisen los criterios que rigen estas derivaciones. La asociación social y cultural ‘Ak Wanak’ (‘Lo que es de todos’), radicada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y fundada por docentes de la isla durante la emergencia humanitaria de 2020, pide que se tenga en cuenta la voluntad de los menores y que quienes tienen arraigo en Canarias puedan quedarse.
“¿No sería más lógico trasladar a los llegados recientemente que a los que llevan algo más de dos años?”, cuestiona la entidad en un comunicado. “Algunos tienen familiares en la Península, llevan poco tiempo aquí y desean irse. El problema está en los chiquillos que llevan dos años en el instituto con nosotros y que tienen una serie de vínculos. Están en el equipo de fútbol, cursando una FP… Les van a cortar todo eso”, cuentan desde ‘Ak Wanak’.
“Estoy aguantando, pero aquí todo es muchísimo más difícil. Aunque no pueda, voy a aguantarlo porque no puedo hacer nada más”, dice el testimonio de otro menor que ya está acogido en un centro de protección de la Península. Cumple la mayoría de edad dentro de cinco meses y su intención es trabajar para ahorrar y poder volver a Canarias.
Representantes de la asociación se reunieron el pasado miércoles con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para saber más sobre los pormenores de estos traslados y pedir que los menores que deseen puedan quedarse en Canarias sin tener que renunciar a su petición de asilo. Fuentes de la asociación aseguran que, en algunos casos, los menores han renunciado a la protección internacional solo para poder quedarse en Gran Canaria.
Esta organización nació con la misión de apoyar a los estudiantes que sobrevivieron a la ruta migratoria del Atlántico hace cinco años. “Las condiciones eran lamentables. Estábamos viendo necesidades de todo tipo. Faltaba comida, vestimenta, teléfono, medios para ir a clase… Intentamos darles lo que pudiéramos sacándolo de nuestros bolsillos”, cuenta uno de los profesores. Ahora, todo lo construido está en riesgo de diluirse. “Aceptan tener que irse, pero es muy duro porque rompen por segunda vez con esos vínculos que han establecido, tienen que dejar sus estudios aunque les haya costado muchísimo aprender español… Emocionalmente les rompe”, subraya el docente.
Los docentes del sur de Gran Canaria no son los únicos que se han organizado para pedir que los jóvenes arraigados se queden. Familias del norte de la isla también se movilizaron para frenar la derivación de los ya conocidos en el pueblo como “los niños de Arucas”. Los vecinos de este municipio pedían que los menores pudieran esperar en sus centros de acogida por la entrevista que evalúa el interés de cada niño en lugar de hacerlo en el centro Canarias 50.
La orden del Supremo
El pasado 23 de octubre, el Supremo dio un plazo “improrrogable” de 15 días al Estado para cumplir con el requerimiento emitido por el Tribunal en marzo. En él, exigía al Gobierno central que reubicara en su sistema de protección internacional a los menores asilados acogidos en la red de Canarias. El Gobierno de España ha asegurado que ya ha cumplido con el auto, “a pesar de todas las dificultades y complejidad del mandato judicial” al tratarse de menores especialmente vulnerables que han sido integrados en un sistema que el Ministerio de Migraciones “ha tenido que modificar completamente para adaptarlo a sus necesidades”.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones indicaron que ha ofrecido 817 plazas y quedan por cubrir “alrededor de un centenar”. “Dichas plazas se podrán cubrir a medida que el Gobierno canario vaya realizando los traslados y trámites pertinentes”, apuntaron. Hasta el momento, además de los módulos habilitados en el Canarias 50, el Ministerio ha abierto “numerosos centros en diversas localidades de la Península” y dispone ya de dos recursos en Canarias. “Tienen un carácter de permanencia vinculado a las circunstancias individualizadas de cada menor y en los que se valorará su grado de integración en las islas, así como, si procede, su tránsito a la vida adulta”, explican.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, recuerda que la tutela de los menores de edad sigue siendo del Gobierno canario. “La colaboración es fundamental para garantizar su acogida plena y las necesidades de cada uno de los niños y niñas”, ha subrayado. Por su parte, aseguran que seguirán abriendo en la Península los recursos de acogida que sean necesarios.
