El PP ha fijado este lunes las líneas básicas para sus pactos con Vox en el que incluyen el respeto a “la proporcionalidad” salida de las urnas y compromiso de “aprobación de cuatro presupuestos”, entre otras cuestiones. Así se recoge en el ‘Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica’, que ha impulsado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para “guiar las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique”, como ha sucedido en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre o las aragonesas del 8 de febrero.
El texto sitúa como materias prioritarias para los acuerdos el uso de “todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos”, construir más viviendas, combatir la okupación ilegal y revertir el “deterioro de la inseguridad ciudadana”. Y recoge que “cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase” pero se abre a “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria” para el objetivo de combatir la violencia.
Este documento se ha conocido pocas horas después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, haya confirmado que la dirección nacional del partido se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para “facilitar los acuerdos” y evitar una “repetición electoral”. Las elecciones de Castilla y León son inminentes, y las encuestas ya anticipan que el PP volverá a necesitar a la extrema derecha para gobernar.
Marco de negociación “único, vinculante” y para toda España
En el texto, el PP asegura que, elección tras elección, los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala. Según el PP, el “equilibrio” debe regir la concreción de los acuerdos, recuperando de este modo el principio de representación democrática que Pedro Sánchez y sus socios “han dilapidado en los últimos años”. Por eso, dice que apuesta por “un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables”.
Además, recalca que el PP es una formación de “vocación nacional” y, como tal, se presenta ante los españoles con un proyecto que respeta la diversidad, pero que reconoce “en la Nación un proyecto común”. “En consecuencia, fijamos el siguiente marco de negociación de pactos: único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad”, manifiesta.
El decálogo
En su decálogo, el PP afirma en primer lugar que todo acuerdo exige “pleno respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho” y recuerda que “fuera de la legalidad vigente” no puede materializarse ninguna propuesta.
En el segundo punto, el PP señala que el respeto a la ley “incluye el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España”. “Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”, apostilla.
Y sostiene en tercer lugar que, en “un momento de extraordinaria decadencia en España”, el PP tiene “el deber de velar por el respeto a las principales instituciones de la nación”. En este punto, se compromete a “proteger la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas” y “respetar a la Jefatura del Estado”.
Además, recoge que “cualquier acuerdo debe basarse también en el principio de coherencia programática”, de tal modo que el PP puede aceptar “ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas”.
En quinto lugar, subraya que “la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad deben ser la base de las medidas políticas acordadas”. “Hacer las cosas distintas al actual Ejecutivo central incluye no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”, afirma, para agregar que los contenidos “deberán proteger y ampliar las libertades individuales, la iniciativa personal y el pluralismo”.
El PP considera también, en sexto lugar, que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, “debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas”. En el siguiente punto, destaca que el PP “tiene identidad política propia” y precisa que “un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”.
En el punto octavo, el PP identifica las materias de competencia autonómica “como ámbitos prioritarios de acuerdo”: uso de “todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos”; reducción de la burocracia “que asfixia a autónomos y pequeños empresarios”; y defender a los agricultores, ganaderos y pescadores “frente a la sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes y ponen en riesgo su viabilidad”.
El PP también apuesta por construir más viviendas, combatir la okupación ilegal y revertir el “deterioro de la inseguridad ciudadana”, al tiempo que expresa su rechazo “a las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, comprometiéndose a defender desde el ámbito autonómico un mix energético completo, que incluya la energía nuclear“.
Además, indica que los acuerdos “deben proteger la dignidad de todos los ciudadanos y promover una solidaridad activa entre personas, especialmente hacia los más vulnerables”. En el texto, el PP resalta que la inmigración irregular “ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”. “Exigimos al Gobierno de España que controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume”, añade.
El PP también sitúa “la natalidad en el centro de la agenda política” y defiende “la familia como la primera red de apoyo”, al tiempo que reafirma su apuesta por los jóvenes, que no pueden ser una “generación aplazada”.
Los ‘populares’ advierten de que “la condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca”. “Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”, reza textualmente el documento.
El PP asegura que en cualquier acuerdo, “las formaciones comprenden que los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su aplicación presupuestaria, con independencia de las responsabilidades ejecutivas de cada uno”. En coherencia, prosigue, “todo acuerdo deberá contribuir a la gobernabilidad eficaz y la seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política”.
En el último punto de su decálogo, el PP resalta que los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque “ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre”. “La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto”, finaliza el documento.
