Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.
En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.
La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.
Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).
En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.
En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .
El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia
Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.
Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.
Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso” en la Torre Zaragoza, junto a la estación intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.
Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.
