Choque en el seno del Gobierno de coalición por las políticas de vivienda, cuya crisis se ha convertido en el principal problema para los españoles. Sumar ha elevado el tono contra la ministra Isabel Rodríguez, a la que ha apremiado a poner en marcha las medidas de intervención del mercado que ese espacio político ha puesto sobre la mesa, como la prórroga de tres años de los contratos de alquiler que caducarán próximamente. Las críticas de la portavoz parlamentaria han sentado mal en el ala socialista del Ejecutivo, que evita, no obstante, entrar en el conflicto públicamente, aunque rechaza el planteamiento de los ministros de Sumar. “Es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención”, ha minimizado la titular de Vivienda.
“Lo importante es que estamos trabajando juntos, este Gobierno tiene mucho que hacer en materia de vivienda”, ha agregado Rodríguez en declaraciones a los periodistas en el pasillo del Senado, donde no ha querido responder a la pregunta de si es una “anomalía” que el socio minoritario pida su cabeza. “Tendrán que preguntarles a ellos”, se ha despachado.
“Nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, valientes e innovadoras y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo”, había dicho previamente la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, en el Congreso: “Se nos está acabando la paciencia”.
Unas palabras que causaron cierto revuelo y que tuvo que explicar algo más tarde en declaraciones a La Sexta. “En el momento que como portavoz de este grupo pida la dimisión de alguien no va a hacer falta una repregunta para aclararlo”, expresó. “Se nos agota la paciencia, a quien se le acaba la paciencia es a la ciudadanía. Pónganse las pilas, ya sabemos a dónde van sus medidas: darle dinero a los caseros no funciona”, añadió.
Quien sí pidió más tarde la dimisión de la ministra fue el diputado de Compromís, dentro del grupo de Sumar, Alberto Ibáñez. “El tiempo de la ministra ha pasado y debe dar paso a una persona que entienda el deber constitucional de proteger el derecho a la vivienda”, dijo en una rueda de prensa en el Congreso.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, trató de ser más conciliadora preguntada en los pasillos del Senado por el asunto y llamó al PSOE a aceptar las medidas de su espacio político: “Limitar los precios, acabar con la vivienda turística fraudulenta, que los grandes fondos de inversión tributen a cuantías relevantes…”. “Esperamos una negociación por el bien del país con el PSOE. Creemos que esta es la principal fábrica de desigualdad de España. Hoy la vivienda es el principal problema”, defendió. “Por encima de cualquier polémica o comentario de actualidad, creo que lo importante es dar solución al que es el principal problema de las familias trabajadoras en España”, señaló también en esa línea el titular de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desde la mesa del Consejo de Ministros antes de defender las propuestas que ha planteado Sumar.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado a defender las medidas que se han puesto en marcha con Pedro Sánchez en Moncloa. “Por primera vez se ha podido aprobar una ley de vivienda que está cambiando el paradigma de la vivienda. Uno de los principales esfuerzos y apuestas del Gobierno ha sido multiplicar por ocho el presupuesto en materia de vivienda”, ha afirmado Alegría, que también ha recordado que el plan estatal de vivienda recoge más de 7.000 millones frente a los 1.700 que se presupuestaban en tiempos de Mariano Rajoy.
El PSOE rechaza las medidas de Sumar
Lo que fuentes del ala socialista del Gobierno admiten es malestar por que el foco de Sumar se ponga en el Gobierno mientras que son las comunidades en las que gobierna el PP en las que no se aplica la ley de vivienda que permitiría poner tope al precio de los alquileres en las zonas tensionadas y así, de facto, congelar los precios. Por el contrario, lo que sostienen esas fuentes es que las medidas que plantea Sumar “son inconstitucionales”. “Intentan sacar la cabeza”, señalan esas fuentes, que advierten de que este choque da munición a la derecha.
En la parte socialista del Ejecutivo sostienen que las medidas que se han puesto en marcha irán surtiendo efecto en el medio y largo plazo, aunque admiten que no tienen una solución para los contratos de alquiler que van a caducar en el corto plazo más allá de la ley de vivienda que la derecha no aplica. “El registro de pisos turísticos está funcionando mejor que lo que ellos presentaron”, afirman las fuentes consultadas, que aseguran que así se han sacado de ese mercado 50.000 viviendas y defienden que es más efectivo que las cartas que envió el ministro de Consumo a plataformas como Airbnb. En esa misma línea, defienden que los fondos a las comunidades vayan a estar condicionados.
Los socialistas también se revuelven contra las críticas y emplazan a Sumar a buscar los apoyos para algunas de las medidas que han planteado en el Congreso. “Subir el IVA a los pisos turísticos está registrado, y la regulación de temporales y habitaciones está en el Congreso, y lo pueden activar. La última vez lo tumbó Junts. ¿Y si en vez de esto trabajamos las iniciativas para conseguir votos?”, se pregunta una de las fuentes consultadas, que reprocha a Sumar que es “más fácil dar una rueda de prensa que buscar apoyos en el Congreso” y también asegura que no se han reunido con los responsables de Vivienda del Ejecutivo.
El último enfado de Sumar con la ministra de Vivienda tiene su origen en la comparecencia que hizo en el Congreso la semana pasada. Los diputados del grupo plurinacional salieron indignados de unas intervenciones en las que apenas hubo anuncios y la medida estrella fue el lanzamiento de un teléfono gratuito de atención a la ciudadanía, que los socios del Gobierno han criticado e incluso ridiculizado. En el Ministerio de Vivienda defienden ese teléfono como una petición de las asociaciones como el Sindicato de Inquilinos.
En las últimas horas, generó una enorme indignación entre los aliados parlamentarios una campaña publicitaria del Gobierno que de forma humorística representaba a varios ancianos compartiendo piso dentro de 30 años. En el ala socialista restan importancia a la polémica y aseguran que se trata de un vídeo de una campaña más amplia. “Que el único reproche sea una campaña de publicidad, que todo lo que me pase sea eso”, ha dicho Rodríguez.
Sumar trata de este modo de elevar el tono contra el PSOE en un aspecto extremadamente sensible para el electorado. Los precios de los alquileres no paran de subir y el problema ya no se limita solo a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, se ha generalizado en todo el territorio.
Los ministros de la coalición plurinacional anunciaron la semana pasada un paquete de medidas con el que quieren presionar a su socio de Gobierno. Entre las medidas principales, una prórroga general de tres años para todos los contratos en vigor y la obligación de firmar los nuevos al mismo precio que el anterior, así como la prohibición de la compra de vivienda para alquilar por encima del precio asequible.
No son medidas muy novedosas, el espacio ya presentó hace más de un año un documento con propuestas de este tipo que enmarcó en la negociación de Presupuestos. Pero ante la incertidumbre de si el Gobierno llevará finalmente unas cuentas públicas al Congreso en Sumar quieren que el Ejecutivo tome medidas que atajen el problema de los precios también a corto plazo: no basta, piensan, con la construcción de vivienda pública. Una política necesaria pero que tardará años en impactar en el precio de los alquileres.
