Una interventora de la Generalitat Valenciana también se hizo con uno de los polémicos pisos de protección pública de Alicante que adquirieron cargos del Partido Popular y que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo de Alicante, de una alto cargo del consistorio nombrada por el alcalde Luis Barcala y del jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo.
Se trata de la hasta septiembre de 2025 delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda en Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, Sira Pérez Ortuño, quien, cuando solicitó la posibilidad de acceder a la vivienda, percibía un sueldo superior a los 70.000 euros. De hecho, estos habilitados nacionales son los funcionarios con mayor retribución de la administración autonómica, ya que cuentan con el máximo nivel tanto de salario base como de complemento de destino y específico.
Según la información depositada en el Registro de la Propiedad, la habilitada nacional adquirió por adjudicación un piso de VPP en el residencial Les Naus, en el número 36 de la calle Las Redes de Alicante, el 9 de septiembre de 2025. La vivienda fue escriturada a su nombre el 28 de octubre de ese mismo año. Para su adquisición, Sira Pérez constituyó un préstamo de 164.000 euros en una entidad bancaria.
La vivienda tiene una superficie útil de 80,66 metros cuadrados; una superficie construida propia computable de 92,20 metros cuadrados, y una superficie construida, con su parte proporcional de elementos comunes, de 104,57 metros cuadrados. Cabe recordar que dichos elementos comunes incluían una piscina, pistas de pádel y un club social. Además, la interventora también adquirió una plaza de aparcamiento y un trastero.
Sira Pérez Ortuño estuvo seis años en la Generalitat como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante. Llegó en septiembre de 2019, cuando gobernaba la izquierda, y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico. En octubre de 2025 se reincorporó a su puesto de tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, del PP, anunció en redes sociales la vuelta de la habilitada nacional a su puesto de trabajo «tras seis años realizando su labor en la Generalitat».
elDiario.es se ha puesto en contacto con Sira Pérez Ortuño, quien se ha negado a hacer declaraciones. No obstante, a través de un representante del ayuntamiento donde ocupa la plaza de tesorera ha manifestado que “no es un cargo público” y que “valorará lo que se publique para ejercer su defensa”.
El sueldo que percibía esta funcionaria pública cuando se inscribió para acceder al piso de protección pública, así como cuando lo adquirió, superaba los 70.000 euros anuales, por lo que no habría podido figurar en la lista de aspirantes ni, mucho menos, resultar adjudicataria de una de estas viviendas, destinadas a rentas inferiores a 54.600 euros, incrementables hasta 66.000 si se cumplen determinados requisitos, como tener a cargo a una persona con gran dependencia.
La Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario de la delegación territorial de Alicante que visó las viviendas. Esta persona, actualmente investigada, habría validado también la compra del piso por parte de Sira Pérez.
Con la revelación de esta nueva propietaria se evidencia, una vez más, que la promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicada en una de las mejores zonas de Alicante y muy cerca de la playa de San Juan, ha acabado en manos de personas procedentes de familias con alto poder adquisitivo como notarios o arquitectos, numerosas personas vinculadas al PP o directamente de personas con ingresos que les habrían impedido legalmente aspirar a estas VPO, ni siquiera con el cambio legislativo impulsado por Carlos Mazón, que elevó el umbral de ingresos para poder ser adjudicatario de este tipo de promociones.
El escándalo ha generado tal indignación que se ha aprobado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Corts Valencianes, mientras que un juzgado de instrucción ya ha abierto diligencias. La Fiscalía también ha iniciado pesquisas tras las denuncias del ayuntamiento y de la oposición en Alicante.
