El pasado 22 de noviembre, una pequeña luz de esperanza se encendió para las familias de la calle Verdad 54, en el barrio sevillano de Palmete, que viven en lo que fue un edificio de viviendas de protección oficial que adquirió un banco. Tras la presión social, la entidad financiera solicitaba la suspensión del desalojo. Sin embargo, lo que parecía una victoria ciudadana se convirtió en cenizas el pasado diciembre cuando en plenas fiestas navideñas se rompió la tregua: once familias –con nueve menores– fueron expulsadas de sus casas.
Este sábado, las familias (que denuncian un sistema que las ha dejado en el “limbo”) han sido arropadas por unas 2.500 personas según los organizadores en una marcha de protesta que ha concluido a las puertas de la Consejería de Fomento y Vivienda, a la que le han arrancado el compromiso de una reunión. La cita será el próximo lunes, día 16.
La plataforma Barrios Hartos se ha encargado de impulsar una movilización a la que se han sumado más de 25 entidades, sindicatos y partidos políticos, que han marchado desde la Gran Plaza hasta la sede de la consejería. El manifiesto que ha aglutinado este movimiento ha denunciado en la actualidad hay “una ofensiva de bancos, fondos buitres y rentistas de todo pelaje que nos están sumiendo en la miseria”, y es que “la vivienda ya es hoy la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora, es la forma que tienen de seguir chupando la sangre de nuestras familias”.
“El negocio que hacen con nuestras vidas”
Las propias familias han acudido esta semana al Parlamento andaluz a denunciar su situación, invitadas por el grupo Por Andalucía, aprovechando que en la sesión se iba a abordar su caso. Durante la sesión, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, admitía que su delegación en Sevilla “no tuvo conocimiento” de la compra del bloque de Palmete por parte de una entidad bancaria. Un argumento que el diputado de Por Andalucía José Manuel Jurado tachaba de “insulto a la inteligencia”.
“¿Nos toma por ignorantes?”, abundó, recordando que los inquilinos estuvieron dos años pagando el alquiler directamente al juzgado por orden judicial tras la quiebra del promotor original. Este “desconocimiento” oficial es, según denuncian los colectivos, la grieta por la que se cuela la “especulación inmobiliaria” que denuncian.
En Palmete, la operación es sangrienta: el banco adquirió el bloque por apenas 500.000 euros, una cifra ínfima frente al valor de mercado de unas viviendas que Lorena, portavoz de los afectados, define como “el negocio que hacen con nuestras vidas”. “Es una incertidumbre constante que nos destroza la salud mental; somos un barrio de gente trabajadora y nos tratan como a basura”, denunciaba entre lágrimas.
“Todos los días siguen inflando la burbuja”
“Hacemos un llamamiento a los jóvenes, que son los primeros afectados por este robo”, clamaba Lorena en el Parlamento con vistas a la manifestación de este sábado. Tras el fracaso de la tregua de noviembre y la traumática Navidad en un albergue, los vecinos de la calle Verdad han dejado claro que no aceptarán ser “invisibles”.
“Todos los días se ejecutan desahucios, burlando las famosas leyes de protección”, proseguía el manifiesto de este sábado. “Todos los días siguen inflando la burbuja, los mismos que cuando quiebran ponen la mano para que se les rescate con dinero público, como ya pasó hace década y media: 65.000 millones por la cara, que seguimos sin recuperar”.
“Hoy con esta manifestación lanzamos un grito claro: no estamos dispuestos a resignarnos”, a la vez que se criticaba que mientras “hablan de ocupación y de delincuencia” los bancos se han convertido en los “máximos exponentes del capitalismo parásito español”. “Lo que nos pasa a las familias de Calle Verdad, está pasando todos los días, actuando en silencio. Como pretendieron hacerlo con nosotras, con políticos a los que se les paga dinero público, mirando para otro lado”.
El Ayuntamiento asegura que se arreglará
En este contexto, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), defendía este viernes que el Consistorio “está trabajando desde el minuto uno” ante este desahucio. “Se está avanzando en la negociación y estamos hablando con los vecinos que tienen contrato de arrendamiento, con los ocupas”, respondía a una propuesta del grupo Podemos-IU.
“Le garantizo que vamos a llegar a una solución”, ha reafirmado al mismo tiempo que ha defendido el papel de Emvisesa [la Empresa Municipal de la Vivienda], quién está llevando las negociaciones con Santander, en un proceso de “ejecución hipotecaría que no tiene nada que ver”. “El objetivo es que sigan siendo VPO y en eso está Emvisesa”, señalaba.
En este sentido, el grupo municipal socialista, que ha participado este sábado en la concentración ha reclamado que Emvisesa adquiera el inmueble y ha reivindicado que “es la única vía para garantizar que esta vivienda de protección oficial siga cumpliendo su función social hasta el año 2043”.
