El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha tumbado este martes el decreto que, entre otras medidas, recogía la subida de las pensiones. Las tres derechas han repetido la estrategia de hace un año y han votado en contra de la medida entre críticas al Ejecutivo por mezclar varios temas en un mismo paquete, entre otras la ampliación del bono energético y la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026. Precisamente este último es un punto que rechazan tanto la derecha catalana como las españolas.
“La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver”, afirmó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, cuando se supo cómo se presentó la medida por parte del Ejecutivo, al que acusó de un “chantaje político”. El grupo presentó una proposición de ley para establecer de manera automática la revalorización de las pensiones conforme al IPC. También Alberto Núñez Feijóo ha exigido un decreto aparte con la revalorización de las pensiones.
Ambos grupos han insistido en separar la subida de las pensiones de otros asuntos que también van en el decreto aprobado por el Gobierno. Y el Ejecutivo se verá obligado a precisamente eso para sacar adelante la revalorización: aprobar un nuevo texto específico para que los pensionistas no vean en ningún momento revertida la subida que automáticamente ha decaído con el rechazo al decreto social, este martes, en el Congreso.
En el Gobierno se remiten a lo que ocurrió el pasado año, cuando el Congreso de los Diputados rechazó, también con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la norma que contenía la subida de las pensiones, además de otra serie de medidas de carácter económico, y se vio obligado a aprobar uno nuevo para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo una vez que ya había entrado en vigor el decreto ley, que tiene que ser convalidado en el Parlamento en un plazo de 30 días. Lo mismo sucedería en esta ocasión.
¿Qué pasa con las pensiones de febrero?
El escenario que se abre ahora es de un vacío legal en numerosos aspectos. Las pensiones de enero ya se abonaron, por lo que su revalorización no está en duda. ¿Pero qué pasa con las de febrero? Legalmente, ahí no se les aplicaría la subida del 2,7% aprobada a finales del año pasado, ya que estaría derogada. Tampoco estará en vigor la extensión de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 o el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el recargo sobre las nóminas para llenar la hucha de las pensiones.
El año pasado, en Moncloa se remangaron y pocos días después cerraron un acuerdo con Junts en el que recuperaron gran parte del ómnibus que había decaído pocos días antes. Si el Congreso rechazó la norma un miércoles, el martes siguiente el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto-Ley que eliminó cualquier atisbo de duda.
El Real Decreto-Ley es una norma que elabora el Gobierno y que entra en vigor en el momento de su publicación. Pero tiene que ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación y está pensada para situaciones de extraordinaria urgencia.
