La derecha vuelve a hacer piña en el Congreso para desregular el mercado de la vivienda. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PP para acelerar la puesta en marcha de desarrollos urbanísticos, pero que también incluye medidas para rebajar la protección a las familias vulnerables en procedimientos de desahucio y serviría para derogar los artículos de la ley de vivienda que permiten establecer zonas de mercado tensionado y fijar topes al precio de los alquileres. Además de por los populares, la norma fue apoyada por Vox, Junts y UPN, mientras el PNV y Coalición Canaria se abstuvieron. No obstante, eso no implica que entre en vigor de manera inmediata: por delante tiene una larga tramitación que es muy poco probable que termine avanzando.
La iniciativa, registrada por el PP, está titulada con el anodino nombre de “proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda”. Pero bajo ese título, los populares incluyen todo un paquete de disposiciones que, lejos de limitarse a acelerar los trámites burocráticos para la construcción de inmuebles, buscan recortar la capa de protección en materia de vivienda para los ciudadanos con menos recursos. La diputada popular Soledad Cruz-Guzmán argumentó que este recorte es necesario para “devolver la confianza y seguridad jurídica a los propietarios, inversores y promotores” para revitalizar el mercado del alquiler y “porque el control de precios no funciona”.
El texto, por ejemplo, reduciría de los actuales 1.800 euros a 900 euros el umbral de ingresos mensuales a partir del cual un ciudadano es considerado vulnerable, lo cual le permite poder acogerse a medidas que retrasen su desahucio. Asimismo, la ley plantea que se reduzca el plazo legal para que las Administraciones encuentren un techo alternativo a las familias vulnerables a las que se vaya a desalojar: de dos meses a un mes si el propietario del inmueble es persona física, y de cuatro a tres meses si es persona jurídica. Y se eliminaría el artículo de la ley de arrendamientos urbanos que permite a los inquilinos prorrogar durante un año su contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero sea una empresa y acrediten una situación de vulnerabilidad social y económica.
A todo ello se sumaría la derogación de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y los instrumentos de apoyo a la inquiokupación”, tal y como explica el PP en la exposición de motivos de la propia ley. De la misma manera, la norma permitiría a las empresas acudir a un juicio rápido para exigir la “inmediata recuperación” de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si se han visto privadas de ella sin su consentimiento.
Durante el debate, la popular Cruz-Guzmán argumentó que la proposición de ley se limita a liberar a los ciudadanos y las empresas de la obligación de ocuparse de las “familias vulnerables”, a las que dijo que “hay que proteger, por supuesto, pero desde la administración pública”. Más allá fue Ricardo Chamorro, de Vox, que aseguró que para su partido el texto propuesto por el PP se queda corto. “Nosotros proponemos desahucios exprés, el fin inmediato de las zonas tensionadas, libertad real para construir, prioridad absoluta a los españoles en vivienda protegida y en el acceso a la propiedad, control de fronteras y que la poca vivienda que se construye sea para quienes son de aquí”, enumeró Chamorro.
El diputado de Vox calificó de “auténtico desastre” la ley de vivienda aprobada en 2023, pese a que su medida estrella, el tope de precios de los alquileres, apenas se ha aplicado en algunos municipios de Catalunya, País Vasco, Navarra o Galicia. “Ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha convertido al propietario en un enemigo y ha premiado al okupa”, espetó Chamorro, que tiró del habitual argumentario xenófobo de su partido para asegurar que “no se puede hablar de crisis de vivienda sin hablar de la inmigración masiva”. “Según el INE, en 2024 llegaron a España 1,3 millones personas del extranjero que establecieron su residencia aquí, de las que 1,14 millones tenían nacionalidad extranjera: eso es una demanda absolutamente desbocada” que “desplaza a los españoles”, afirmó el parlamentario ultraderechista.
Por el contrario, Junts evitó durante el debate referirse a la rebaja de la protección social para ciudadanos vulnerables y se centró en defender la conveniencia de empezar a tramitar la ley por sus medidas para agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Los independentistas catalanes ni siquiera concretaron cuál iba a ser el sentido de su voto, y la única mención que hizo la diputada Marta Madrenas en relación al recorte social que incluye la norma fue para respaldar la parte de la ley que apuesta por derogar una parte de la ley de vivienda. En ese sentido, Madrenas cargó contra la “visión excesivamente ideologizada” y el “modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular” que, a su juicio, está aplicando el Gobierno en materia inmobiliaria.
Al igual que Junts, el PNV —que se abstuvo— se mostró de acuerdo con la parte de la proposición de ley que, por ejemplo, modifica el régimen de nulidad de los planes urbanísticos para evitar que defectos formales invaliden años de trabajo de los ayuntamientos. De hecho, su portavoz Maribel Vaquero se mostró muy crítica con el hecho de que el PP votara en contra hace un año de una propuesta similar presentada por PNV y PSOE por “intereses partidistas”. Pero Vaquero, por el contrario, cargó contra la segunda parte de la iniciativa, la que rebaja la protección social a los ciudadanos vulnerables. “Son ustedes muy buenos administradores de la economía familiar, incluso magos, si con apenas 1.000 euros creen que una familia puede comer todos los días, vestirse y encender la calefacción”, espetó.
La izquierda critica la propuesta: “Declaran la guerra a la mayoría”
Salvo PP, Vox, Junts y UPN, ningún otro partido del arco parlamentario apoyó la toma en consideración de la proposición de ley. Por el contrario, las formaciones progresistas se mostraron muy críticas con una norma que apuesta por “liberar suelo” y volver al modelo de “una burbuja inmobiliaria descomunal” que, en 2012, acabó en el “rescate a la banca”, en palabras de la diputada del PSOE Isabel Pérez, que espetó a la bancada popular que “antes de derogar partes de la ley de vivienda, deberían intentar ponerla en marcha”. “Ustedes ni quieren hacer vivienda pública, ni quieren escuchar nada que tenga que ver con lo público”, denunció Pérez.
Por su parte, el parlamentario Alberto Ibáñez, de Compromís e integrado en el grupo parlamentario de Sumar, aseguró que el PP “declara la guerra” con su proposición de ley “a la mayoría social, a aquella gente que no puede llegar a final de mes”. “¿Usted de verdad cree que una familia entera puede vivir con 900 euros al mes?”, preguntó directamente Ibáñez a la diputada popular que defendió la iniciativa durante el debate, a quien también echó en cara que el PP solo es “provida” para oponerse al derecho al aborto. “Una vez nacen [los bebés], les da absolutamente igual si viven bajo un puente o no”, criticó.
En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute denunció que rebajar a un máximo de 900 euros el umbral de ingresos mensuales para que una familia pueda considerarse vulnerable obligaría a la gente a “elegir entre tener techo y comer piedras”. Su homóloga de ERC Etna Estrems defendió que la regulación de precios en Catalunya está sirviendo para contener las subidas de los alquileres y criticó que “una gran parte del mercado inmobiliario no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, sino para funcionar como un activo de inversión”, un problema que la iniciativa del PP, a su juicio, agravaría. Y Javier Sánchez, de Podemos, acusó a los populares de ser “el partido de Blackstone, de Nestar, de Cerberus”.
