María Guardiola ha defendido este martes el pacto de PP y Vox, que la convertirá en presidenta de la Junta de Extremadura y en líder, otra vez, de un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero en esa defensa ha eludido mencionar la “prioridad nacional”, uno de los conceptos recogidos en ese acuerdo que más polémica ha generado, incluso en su propio partido, por considerarse ilegal y xenófobo. Además, la interpretación de esa “prioridad nacional” ha servido ya para enfrentar a PP y Vox antes de que se materialice el pacto con la votación de este miércoles a favor de la investidura de Guardiola.
“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”, ha reconocido la presidenta extremeña en funciones, pero, al mismo tiempo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, institucionalizando desde la Junta de Extremadura la sospecha sobre las personas migrantes, con lo que ha hecho propio el marco ideológico de Vox en este asunto.
La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado Guardiola. En el acuerdo firmado el pasado jueves se menciona concretamente “el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Por eso, entre sus funciones principales, según el acuerdo, se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”
Pero esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ”pisos patera“, aunque no se especifica cómo se va a crear ni con qué recursos contará.
Guardiola ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del “absoluto fracaso” de la política migratoria y de “tener la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer”. En este sentido, ha asegurado que Extremadura “no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad”, en referencia a Catalunya. Por ello, “nos opondremos a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes. Y lo haremos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Real Decreto de reparto de menores”.
En su discurso de investidura no ha hecho referencia a la realización de pruebas de determinación de edad a las personas migrantes ni al endurecimiento del régimen disciplinario de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Ambas son también medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox.
Guardiola ha asegurado que su Ejecutivo “jamás va a incumplir la ley” y ha justificado el acuerdo con la extrema derecha para “dejar atrás una etapa de bloqueo”, por lo que ha augurado que el entendimiento con la formación ultra será “duradero, fiable y de mirada larga”.
Desregulación de las leyes ambientales
Por otro lado, la presidenta en funciones se ha comprometido a “proteger del Pacto Verde” a los agricultores y ganaderos, y ha rechazado el acuerdo con Mercorsur “si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños”. Además, el futuro Gobierno extremeño tendrá como “prioridad” la modificación y flexibilización de las leyes que afectan a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales. “No podemos ignorar que convivimos con un exceso de leyes pensadas sin contar con quienes trabajan la tierra”, ha afirmado.
La Junta también financiará, por fin, el macroproyecto del regadío en Tierra de Barros, y volverá a revisar (la última revisión es de hace unas semanas) las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común “porque conservación y actividad económica no son incompatibles”.
Guardiola también vuelto a oponerse al posible cierre de la central nuclear de Almaraz, aunque no ha mencionado la rebaja de la carga fiscal a las eléctricas que ha pactado con Vox: la reducción de un 30% anual de la ecotasa hasta que desaparezca en 2029, es decir, 90 millones de euros menos anuales para las arcas autonómicas .
Vox tendrá las competencias de ‘desregulación’ en el futuro Gobierno de coalición para “eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades”, según el acuerdo. Por eso, la líder del PP ha mencionado la aplicación del principio de declaración responsable para el sector primario, la liberalización de suelo para la construcción de viviendas y la reducción de cargas urbanísticas y fiscales. Además, la Junta se ha puesto como objetivo la construcción de 3.500 VPO durante la legislatura.
El tercer intento de Guardiola
María Guardiola se enfrenta a su tercer intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión tiene asegurado el apoyo de Vox en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles. Para lograr el apoyo de la extrema derecha, PP y Vox han pactado un Gobierno de coalición después de la experiencia fallida de la legislatura anterior, donde esa coalición apenas duró un año.
La situación ahora es distinta. Guardiola se quedó lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado diciembre, donde su formación obtuvo 29 diputados, pero Vox pasó de cinco a 11 escaños. La necesidad de acordar con los ultras y el buen resultado de estos han motivado que el pacto de gobierno al que han llegado con la intención de que permanezca vigente los cuatro años de legislatura esté repleto de concesiones ideológicas a la extrema derecha y de medidas xenófobas basadas en una supuesta “prioridad nacional”.
PP y Vox cerraron el pacto el pasado jueves, cuatro meses después de iniciar las negociaciones, que estuvieron cerca conducir a una repetición electoral por la falta de entendimientos de ambos partidos en Extremadura. Por ello, las direcciones nacionales tuvieron que intervenir y han participado en los últimos encuentros que se celebraron en Mérida.
