El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido rebajar las medidas cautelares que se les impuso en diciembre de 2025 al empresario Julio Martínez -amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero-, al presidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez Sola y al CEO de la compañía Roberto Roselli. Este martes ha acordado que ya no tendrán que acudir a los juzgados cada quince días para firmar y que les retira la prohibición de salir de territorio nacional de manera que podrán moverse por territorio Schengen, según avanza El País y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es.
Cabe recordar que en diciembre, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Alfredo Barrera, acordó poner en libertad provisional con medidas cautelares a los tres. Habían sido detenidos en el marco de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por pertenecer presuntamente a una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales de Venezuela y que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, pudo valerse del rescate público de esa aerolínea para el blanqueo de fondos.
La causa, que acabó en la Audiencia Nacional, permanece secreta y precisamente hace escasos días el magistrado acordaba prorrogar un mes más ese secreto, de manera que los encausados sólo tienen conocimiento de decisiones como la de este martes porque les afecta a su condición procesal personal.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear en esos países dinero “ilícito” procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía”.
La querella cita fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. A juicio de los investigadores, esos contratos “dan cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública. La organización está constituida presuntamente por varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos), así como de un abogado español.
La denuncia de Anticorrupción se basa en la información contenida en comisiones rogatorias recibidas de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra). En una de ellas, se solicitó por las autoridades francesas la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, y en otra procedente de Suiza se solicitó también la entrada y registro en un domicilio de Mallorca. Esos registros fueron autorizados por la Audiencia Nacional.
Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra estas seis personas. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión hace un año y estableció que la competencia corresponde al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos.
