▲ Las amenazas en la mina en Mazapil “apenas” se están investigando.Foto Alfredo Valadez
L
o que de inmediato el gobierno mexicano debió investigar y resolver (por tratarse de un delicado asunto de seguridad, tanto laboral como física para los trabajadores y la legalidad misma) ha sido “tratado” con total parsimonia y en lugar de solucionarlo con prontitud y en las instancias correspondientes lo ha “bateado” a lo largo de por lo menos dos años, al grado que tuvo que intervenir una instancia extranacional. Y así, el tema ha llegado a la mañanera, donde, en todo caso, debió anunciarse que todo quedó subsanado, y no, como se hizo ayer, que apenas “se está investigando”.
Se trata de Minera Camino Rojo –concesionada a la canadiense Orla Mining–, en la que con autorización de la empresa ha metido la mano el narcotráfico como grupo de choque en contra de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Mineros (titular del contrato colectivo) que preside Napoleón Gómez Urrutia, quien ha denunciado esta situación.
En Días pasados, La Jornada (Jared Laureles) lo reseñó así: “la minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, que determinó que la compañía es ‘responsable directa de injerencia patronal’ en actividades sindicales”.
Algo más: la resolución del MLRR subraya que se documentaron “evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, para obligarlos a afiliarse a un gremio de protección patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (con sede en Nuevo León y Jesús González Cárdenas como cabeza visible). Las actuaciones del panel corroboraron que ‘la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa’”.
De entrada es, por decirlo suave, un tremendo bofetón a tres instituciones del gobierno mexicano: las secretarías de Economía (legalmente encargada de las concesiones mineras) y del Trabajo (“garante” de los derechos de los trabajadores), y la Fiscalía General de la República (que no ha movido un pelo para resolver este asunto). Mientras, el corporativo canadiense está muerto de la risa junto con sus amigos del narcotráfico que a golpe de pistola cuidan sus intereses.
Entonces, esas tres instituciones, lejos de redoblar esfuerzos e investigaciones, si las hubiere, simplemente “rechazaron la determinación del panel”, pues el MLRR “excedió sus alcances, al argumentar que pretendió analizar conductas de naturaleza penal y que los actos de ‘coerción’ no pueden atribuirse a la compañía minera”. ¿Y los delitos documentados?
Con su parsimonia, esa tercia de asses promovió que, dos años después, el asunto llegara a Palacio Nacional sin solución alguna y explotara en manos de la presidenta Sheinbaum, quien ayer se limitó a decir que “se está investigando” el caso de Camino Rojo y a los colegas les anunció que “mañana con el gabinete de seguridad se informa; hoy voy a tener una plática con Marath (Baruch, secretario del Trabajo) para conocer (¡dos años después!) el contexto de esta situación de la mina… Y claro que es ilegal; ninguna empresa, ni las mineras, que utilicen cualquier forma de amedrentar a los trabajadores, no solamente no está dentro de la ley si hace esto, sino que, además, hay delitos qué perseguir si se demuestra que esto fue así”. Ajá, ¿y dónde estaban Marcelo, Marath y Ernestina?
En vía de mientras, como lo advierte Gómez Urrutia: “¿quién va a responder si el personal de la mina es golpeado, desaparecido e incluso asesinado? Se trata de un precedente muy importante del MLRR para que empresas de Estados Unidos y Canadá reflexionen en el sentido de que no pueden venir a México a actuar como no lo pueden hacer en sus naciones respectivas. Es preocupante la nula respuesta gubernamental y el silencio del gobierno de Canadá y de su embajada en México”.
Las rebanadas del pastel
Brillante fue la decisión de Clara Brugada de designar al panista Adrián Rubalcava Suárez como director general del Sistema de Transporte Colectivo. ¿Resultados? ¡Todos!: “en lo que va del año, el Metro sólo ha operado sin interrupciones alrededor de 17 días, de 102; en enero sólo un día de servicio sin contratiempos y en lo que va de abril, cinco” ( La Jornada, Nayelli Ramírez Bautista)… Y el barril mexicano de exportación a 94.42 dólares.
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