▲ El secretario de la SSPC informó que la Operación Telaraña ha logrado la detención de más de 70 funcionarios.Foto Presidencia
Gustavo Castillo García y Rubicela Morelos
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 21 de mayo de 2026, p. 4
En un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), fueron detenidos en Morelos el alcalde de Atlatlahucan, el ex presidente municipal de Yecapixtla y cuatro funcionarios del ayuntamiento de Cuautla por presuntos nexos con el líder regional del cártel de Sinaloa.
En ese contexto, la FGR informó que el crimen organizado penetró las estructuras municipales en al menos ocho ayuntamientos de esa entidad, financió campañas de candidatos que hoy fungen como funcionarios públicos y también intimidó a actores políticos contrarios a quienes se beneficiaron de los grupos delictivos.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, declaró anoche que el trabajo realizado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) “fue fundamental para cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de servidoras y servidores públicos de la entidad” relacionados con el cártel de Sinaloa a través del financiamiento a campañas.
A temprana hora, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó del operativo conjunto, en el cual fueron detenidas seis personas: inicialmente, el alcalde de Atlatlahucan, el ex presidente municipal de Yecapixtla y cuatro funcionarios del ayuntamiento de Cuautla.
Posteriormente, en conferencia de prensa, García Harfuch reveló que las investigaciones se realizan en contra de 32 personas (20 de ellas físicas y 10 empresas), para las cuales ya se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que congele sus cuentas.
Entre los involucrados con esta red criminal dirigida por Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente del estado de Morelos y Baja California, se encuentran funcionarios públicos, alcaldes y empresarios, informó el también coordinador del gabinete de seguridad.
Los detenidos fueron: Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, quien fue candidato por la coalición PRI-PAN-PRD; Irving Sánchez Zavala, ex presidente municipal de Yecapixtla, postulado por el PAN y quien fue detenido en Querétaro; Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla, abanderado por el PAN y Movimiento Ciudadano; Arisbel Rubí Vázquez Amaro, ex candidata a la alcaldía de Atlatlahucan por Morena; Horacio Zavaleta Malacara, oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla, y Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos.
Como otro presunto involucrado en este grupo delictivo está el ex presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, identificado como operador político durante la campaña electoral de la actual gobernadora, la morenista Margarita González Saravia.
García Harfuch manifestó que la investigación, que forma parte de la llamada Operación Enjambre –la cual ha dado como resultado el encarcelamiento y proceso penal contra más de 70 funcionarios públicos, la mayor parte de ellos del estado de México–, tiene el objetivo de detener y llevar a juicio a presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas a delitos como extorsión, contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.
El titular de la SSPC informó que las autoridades continúan en la búsqueda de Jesús Corona Damián, actual presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar la orden de captura en su contra.
Morelos ocupa el primer lugar a escala nacional en el delito de extorsión presencial por entidad, mientras Cuautla es el municipio con mayor incidencia de este delito en México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del colectivo Morelos Rinde Cuentas.
Según estos datos oficiales, de enero a marzo de 2026, Morelos registró la tasa más alta de extorsión presencial a nivel estatal, con 72 casos, lo que equivale a 3.65 delitos por cada 100 mil habitantes. Debajo de esta entidad se ubicaron Michoacán y la Ciudad de México.
