▲ Ciudad Juárez mantiene su dinámica violenta, dice a La Jornada el sacerdote Óscar Enríquez Pérez (centro).Foto Enrique Méndez
Enrique Méndez
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Periódico La Jornada
Miércoles 10 de junio de 2026, p. 11
Ciudad Juárez, Chih., La desaparición de personas en Chihuahua “es una herida abierta que ha tocado a miles de familias”, mientras la tortura continúa como “una práctica sistemática y generalizada” en la entidad; son delitos que aumentan en Ciudad Juárez muy por arriba de los casos ocurridos en la capital y el municipio de Cuauh-témoc, documentó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en un libro recién publicado para conmemorar su fundación.
Con motivo de los 25 años de su fundación, que se cumplieron en septiembre de 2025, el organismo presentó En medio del desierto: un camino compartido, en la Feria del Libro de la Frontera –realizada la última semana de mayo en esta ciudad–, donde detalla que las policías municipales de la entidad son las más señaladas por casos de tortura.
“El comportamiento de los datos sugiere que aunque la militarización influyó en el incremento de la tortura, su práctica se arraigó en dinámicas cotidianas de corporaciones policiales y ministeriales”, apunta.
En entrevista con La Jornada, el sacerdote Óscar Enríquez Pérez, fundador del centro, hace un balance: “Ciudad Juárez, dentro de su complejidad, ha mantenido una dinámica muy violenta. Sigue habiendo desapariciones forzadas, homicidios dolosos y algunos secuestros también”.
Sin mejoría desde 2001
Esto es, desde que creó esta organización –en 2001– hasta ahora, la situación de violaciones a las garantías fundamentales en esta urbe fronteriza “no ha mejorado. Creo que se mantiene más o menos la misma situación social que había en aquel tiempo”.
Evalúa que la presencia de militares –que se recrudeció con el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, en el sexenio de Felipe Calderón– “provoca muchas violencias, por un lado, y por otro hay presencia del crimen organizado muy fuerte en la ciudad, además del involucramiento de los cuerpos policiacos con el crimen. Todo eso es causante de que haya tantos asesinatos en Juárez”.
La violencia recrudeció entre 2007 y 2011: “se desató como una tormenta inesperada. Llegaron muchísimas quejas de personas torturadas, secuestradas, extorsionadas y amenazadas por el crimen organizado o el Ejército. Incluso recibimos denuncias de ejecuciones extrajudiciales”, subraya.
Respecto a las desapariciones, en el libro se detalla que si bien han cambiado el contexto y las dinámicas de este fenómeno, el resultado se mantiene: personas no localizadas y familiares que emprenden su búsqueda por sus propios medios, mientras enfrentan la falta de respuestas institucionales.
La estrategia de seguridad, recuerda, se sustentó en operativos de alto impacto. Fue una política que “alteró el funcionamiento de las instituciones civiles e implicó el despliegue masivo de militares y policías federales, especialmente en la frontera, donde ya existía una disputa entre organizaciones por el control de rutas y mercados ilícitos”.
El aumento sostenido de homicidios, tortura y desapariciones entre 2008 y 2010 –durante la guerra de Calderón contra el narco– provocó que Ciudad Juárez fuera considerada una de las urbes más violentas del mundo, destaca.
Además, informa que según registros de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero de 1964 al 10 de abril de 2026, en el estado había 4 mil 832 desaparecidos o con reporte de ausencia, de los cuales 4 mil 101 son hombres y 731 mujeres.
La mayor concentración de casos se registra en Juárez, con mil 174 personas con estatus vigente de desaparecidas, seguido por Chihuahua, 885; Cuauhtémoc, 589; Nuevo Casas Grandes, 287, y Parral, 286.
A esas cifras se suman 2 mil 175 localizados sin vida y 37 mil 33 vivos, para un total de 44 mil 580 reportes de desaparición en el estado en los últimos 62 años.
“Con el paso del tiempo, los homicidios bajaron en relación con los niveles registrados entre 2008 y 2011, pero las violaciones a derechos humanos –particularmente tortura y desaparición– persistieron y se ampliaron hasta configurar una crisis de alcance nacional”, lamenta.
Enríquez Pérez cuestiona que a pesar de la magnitud del problema, la respuesta institucional continúa rezagada y que si bien en años recientes se ha observado un repunte en desapariciones, no hay una reforma legislativa ni operativa para atender la crisis.
Sobre los casos de tortura, cita que entre 2006 y 2025, la FGE ha reportado 2 mil 209 carpetas de investigación por ese delito, de las cuales mil 504 están en Ciudad Juárez, 572 en la capital del estado, 35 en Cuauhtémoc y 19 en Parral.
Destaca que el número de carpetas comenzó a incrementarse a partir de 2011 y alcanzó su punto más alto en 2018, con 324, de las cuales 239 se concentraron en Juárez.
Del total, mil 537 permanecen en investigación, 409 han sido archivadas y en 153 no se ejerció acción penal por distintos motivos.
“Estas cifras reflejan la dimensión del problema y su carácter estructural: no se trata de hechos aislados ni de conductas individuales, sino de una práctica que ha persistido a lo largo de distintas administraciones”, subraya.
En la época de la guerra de Calderón contra el narco, el discurso oficial dio prioridad a resultados inmediatos, esto es, detenciones, desarticulación de grupos delictivos y reducción de delitos, lo cual generó “presiones institucionales que derivaron en incentivos para fabricar culpables, obtener confesiones rápidas y cerrar casos con rapidez para presentarlos así ante la opinión pública”.
Esto es, concluye, la tortura operó como mecanismo funcional dentro de la lógica de seguridad y la violencia ejercida por agentes del estado se utilizó para producir pruebas, sostener versiones oficiales y alimentar indicadores de desempeño.
Enríquez Pérez, quien cumplió 84 años en diciembre pasado, recuerda que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se abrió con tres raíces: la realidad de Ciudad Juárez como frontera muy violenta; la participación de sacerdotes, religiosas y laicos que trabajaron en el marco de la Teología de la Liberación, solidarios con la problemática de la urbe fronteriza, y “el momento inspirador”: una mujer que pidió ayuda para su hijo torturado por militares en el aeropuerto.
“En 2001 formamos el centro y los feminicidios comenzaron en 1993, y continuaron en 2003, es decir, la decena trágica de más de 400 mujeres asesinadas y encontradas tiradas en las periferias de la ciudad”, recuerda.
La inseguridad continúa y el sacerdote explica: “siempre he creído que la militarización provoca muchas violencias; hay presencia muy fuerte del crimen organizado y cuerpos policiacos involucrados. Todo es causante de que haya tanto asesinado en la ciudad”.
Sobre el operativo para desmantelar un narcolaboratorio, en el que participaron cuatro agentes de la CIA en abril pasado, de los cuales dos murieron en un accidente, apuntó: “creo que debe haber una investigación del gobierno federal a fondo y realmente tratar de saber lo que sucedió, y que se sancione de acuerdo a la Constitución”.
